AMNISTÍA INTERNACIONAL

étnicas y entre comunidades en el
prolongado periodo preelectoral, unida a la
debilidad de las respuestas de índole
administrativa y en materia de seguridad,
alimentaron la violencia y el reclutamiento de
personas para los grupos armados.
La operación conjunta “Sokola 2”, de las
fuerzas armadas de República Democrática
del Congo y la MONUSCO, persistió en sus
esfuerzos para neutralizar a las Fuerzas
Democráticas de Liberación de Ruanda
(FDLR), grupo armado radicado en el este de
República Democrática del Congo e
integrado por hutus ruandeses vinculados al
genocidio de Ruanda en 1994. La operación
no logró la captura del jefe de las FDLR,
Sylvestre Mudacumura.
Cientos de combatientes de Sudán del Sur
adscritos al Ejército de Liberación Popular de
Sudán en la Oposición (SPLA-IO, por sus
siglas en inglés) entraron en República
Democrática del Congo tras los combates en
la capital sursudanesa, Yuba (véase el
apartado sobre Sudán del Sur).
La agudización de la crisis económica
agravó unos niveles de pobreza ya elevados,
y se registraron brotes de cólera y de fiebre
amarilla que causaron cientos de muertes.
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DE
REUNIÓN
Se violó el derecho a la libertad de reunión
pacífica, principalmente en relación con las
protestas contra la prórroga del mandato del
presidente Kabila. Numerosas protestas, la
mayoría organizadas por la oposición política,
fueron declaradas no autorizadas aunque la
legislación de República Democrática del
Congo y el derecho internacional sólo exigían
a los organizadores la notificación de la
convocatoria a las autoridades locales, no la
obtención de autorización. En cambio, las
reuniones organizadas por la coalición
gobernante, Mayoría Presidencial, tuvieron
lugar en gran parte sin injerencias de las
autoridades.
Se impusieron o mantuvieron
prohibiciones generales de las protestas
públicas en la capital, Kinshasa, las ciudades
de Lubumbashi y Matadi y las provincias de
Mai-Ndombe (antes provincia de Bandundu)
y Tanganyika.
Durante el año, 11 activistas del
movimiento juvenil Lucha por el Cambio
(Lutte pour le changement, LUCHA) fueron
declarados culpables de delitos por haber
participado en protestas pacíficas o por
haberlas organizado. Asimismo, más de 100
activistas de LUCHA y de Filimbi, movimiento
juvenil en favor de la democracia, fueron
detenidos antes, durante e inmediatamente
después de protestas pacíficas. Estos y otros
movimientos juveniles, que reclamaban al
presidente Kabila que abandonara el cargo al
término de su segundo mandato, fueron
tildados de insurrectos. Las autoridades
locales los declararon “ilegales” por carecer
de registro, aunque ni la legislación nacional
ni el derecho internacional imponían el
registro como condición previa para constituir
una asociación.
Las autoridades también prohibieron las
reuniones privadas para debatir asuntos
delicados desde el punto de vista político,
entre ellos las elecciones. La sociedad civil y
los partidos políticos de la oposición
encontraron obstáculos para alquilar
instalaciones donde celebrar conferencias,
reuniones y otros actos. El 14 de marzo, una
reunión celebrada en un hotel de
Lubumbashi entre Pierre Lumbi, presidente
del Movimiento Social por la Renovación
(MSR), y miembros de esta organización fue
interrumpida por la fuerza por la Agencia
Nacional de Inteligencia.
Autoridades gubernamentales, entre ellas
el ministro de Justicia y Derechos Humanos,
amenazaron con cerrar organizaciones de
derechos humanos en aplicación de
interpretaciones restrictivas de la legislación
que regulaba el registro de las ONG.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
Las fuerzas de seguridad disolvieron
sistemáticamente las protestas empleando
fuerza innecesaria, excesiva y a veces letal,
que incluyó el uso de gas lacrimógeno y
munición real.
El 19 de septiembre, las fuerzas de
seguridad mataron a decenas de personas
376 Informe 2016/17 Amnistía Internacional