AMNISTÍA INTERNACIONAL

PERSPECTIVA
REGIONAL:
AMÉRICA
A pesar del discurso público sobre
democracia y progreso económico, y de la
esperanza de que por fin terminara en
Colombia el último conflicto armado del
continente, las Américas continuaron siendo
una de las regiones más violentas y
desiguales del mundo.
En toda la región, el año estuvo marcado
por la tendencia a una retórica contraria a los
derechos, racista y discriminatoria tanto en
las campañas políticas como por parte de las
autoridades del Estado, una retórica que los
medios de comunicación de mayor difusión
asumieron y normalizaron. En Estados
Unidos, Donald Trump fue elegido presidente
en noviembre tras una campaña electoral en
la que causó consternación por su discurso
discriminatorio, misógino y xenófobo, y
suscitó honda preocupación por el futuro
compromiso de Estados Unidos para con los
derechos humanos tanto a nivel nacional
como global.
La situación de crisis de los derechos
humanos en la región se vio acelerada por
una tendencia al aumento de los obstáculos
y las restricciones a la justicia y a las
libertades fundamentales. Las oleadas de
represión se tornaron cada vez más visibles y
violentas; con frecuencia, los Estados
hicieron un uso indebido de los sistemas
judiciales y de los aparatos de seguridad para
responder a la disidencia y al creciente
descontento de la ciudadanía, y aplastarlos
de modo implacable.
Imperaban en toda la región la
discriminación, la inseguridad, la pobreza y
los daños al medio ambiente. El
incumplimiento de las normas
internacionales de derechos humanos
también quedó patente en la amplia brecha
de desigualdad —en la riqueza, el bienestar
social y el acceso a la justicia—, sustentada
por la corrupción y la falta de rendición de
cuentas.
Los obstáculos arraigados y generalizados
en el acceso a la justicia y el debilitamiento
del Estado de derecho eran comunes a
muchos países de la región. Paralelamente,
era habitual que los abusos contra los
derechos humanos quedaran impunes y, en
algunos casos, la ausencia de sistemas
judiciales independientes e imparciales
protegía aún más los intereses políticos y
económicos de una minoría.
Este contexto hizo posible que se
perpetuaran las violaciones de derechos
humanos. En particular, prevalecían la tortura
y otros malos tratos, a pesar de que países
como Brasil, México o Venezuela dispusieran
de legislación en contra de la tortura.
Las deficiencias de los sistemas de justicia
—a las que se sumaba el hecho de que los
Estados no aplicaran políticas de seguridad
pública para proteger los derechos humanos
— elevaron los niveles de violencia. Países
como Brasil, El Salvador, Honduras, Jamaica,
México y Venezuela presentaban las tasas de
homicidio más altas de mundo.
La violencia y la inseguridad endémicas a
menudo se vieron agravadas por la
proliferación de armas pequeñas ilegales y el
crecimiento de la delincuencia organizada
que, en algunos casos, se había hecho con el
control de territorios enteros, a veces con la
complicidad o la aquiescencia de la policía y
el ejército.
El “Triángulo Norte” de Centroamérica,
formado por El Salvador, Guatemala y
Honduras, era uno de los lugares más
violentos del mundo; allí se mataba a más
personas que en la mayoría de las zonas de
conflicto del planeta. La tasa de homicidio de
El Salvador (108 habitantes de cada
100.000) era una de las más altas del
mundo. La vida cotidiana de muchas
personas se vio ensombrecida por la acción
de las bandas delictivas.
La violencia de género, muy extendida,
seguía siendo uno de los fracasos más
deplorables de los Estados en las Américas.
En octubre, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe reveló que en la
26 Informe 2016/17 Amnistía Internacional