AMNISTÍA INTERNACIONAL

derechos humanos cuyas actividades habían
sido suspendidas en 2015. A la semana
siguiente prohibió otras cinco, una de las
cuales, Lique Iteka (Liga Burundesa de
Derechos Humanos) fue cerrada de forma
permanente en diciembre, tras la publicación
de un controvertido informe.
Tras el examen de Burundi por el Comité
de la ONU contra la Tortura en julio, un fiscal
burundés pidió al Colegio de Abogados que
prohibiera el ejercicio de la profesión a cuatro
abogados que habían contribuido al informe
de la sociedad civil que se presentó al
Comité. El 6 de octubre se ordenó salir del
país a Pamela Capizzi, de la ONG radicada
en Suiza TRIAL International, pese a estar en
posesión de un visado.
FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Las víctimas de violaciones de derechos
humanos seguían encontrado graves
dificultades para acceder a la justicia. El
periodista Esdras Ndikumana fue torturado
en agosto de 2015 y presentó una denuncia
ante el Tribunal Supremo en octubre de ese
año. En 2016 no se registraron avances en el
caso.
Las investigaciones judiciales seguían
careciendo de credibilidad. En marzo, el
fiscal general hizo públicas las conclusiones
de una comisión de investigación sobre las
presuntas ejecuciones extrajudiciales
cometidas el 11 de diciembre de 2015 y el
posterior hallazgo de supuestas fosas
comunes. Según el informe, todas las
personas a las que se halló muertas en los
barrios de Musaga, Ngagara y Nyakabiga, en
Bujumbura, excepto una, habían participado
en los combates. Si bien es cierto que el 11
de diciembre tuvo lugar un intercambio de
disparos, los incidentes se produjeron
después de operaciones de acordonamiento
y registro en las que muchas personas
murieron por disparos en la cabeza y al
menos un cuerpo fue hallado atado.
La Comisión de la Verdad y la
Reconciliación, que abarcaba de 1962 a
2008, inició su fase operativa en marzo, y en
septiembre comenzó a recopilar testimonios.
La Comisión carecía de autoridad judicial, y
el tribunal especial previsto inicialmente no
se estableció.
PERSONAS REFUGIADAS E
INTERNAMENTE DESPLAZADAS
Aproximadamente 100.000 personas
huyeron de Burundi en 2016, lo que elevó a
más de 327.000 el número total de
refugiados burundeses que habían huido de
la crisis en curso. La Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios (OCAH) calculó
que 139.000 personas se habían visto
desplazadas internamente debido a la crisis y
a los desastres naturales.
Las personas que intentaban huir sufrían
abusos y robos. Los responsables fueron en
gran medida miembros de Imbonerakure,
aunque las personas refugiadas también
acusaron a personas vestidas con uniformes
policiales y militares.
DERECHOS DE LAS MUJERES
El Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer expresó
preocupación por las elevadas tasas de
abandono escolar de niñas en la enseñanza
secundaria, el limitado acceso de las mujeres
a atención de la salud básica y a servicios de
salud sexual y reproductiva, la persistencia
de la penalización del aborto y el hecho de
que el 45% de las mujeres encarceladas
cumplieran condena por aborto e infanticidio.
El Comité subrayó la concentración de
mujeres que trabajaban en el sector informal
en empleos no cualificados y mal
remunerados y sin protección social.
También señaló la falta de protección de las
trabajadoras domésticas contra la explotación
y los abusos sexuales, y el hecho de que no
estuviera prohibido el trabajo infantil.
ESCRUTINIO INTERNACIONAL
La situación en Burundi fue objeto de intenso
escrutinio por organismos internacionales y
regionales, y el gobierno se mostró cada vez
más hostil en sus respuestas a tales
iniciativas.
En febrero, el gobierno accedió a
aumentar hasta 200 el número de
observadores de los derechos humanos y
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 125