AMNISTÍA INTERNACIONAL

del odio y la discriminación contra personas
LGBTI. Se creía que un gran número de
ataques de esta índole no se denunciaban a
la policía.
En marzo, Lucia Naido murió apuñalada
en Katlehong (Ekurhuleni). La policía de
Katlehong abrió una investigación por
asesinato que continuaba en curso.
En abril, un hombre joven abiertamente
gay, Tshifhiwa Ramurunzi, fue atacado y
herido de gravedad en Thohoyandou
(provincia de Limpopo). Su agresor fue
acusado de intento de asesinato.
El 6 de agosto se encontró en
Potchefstroom (provincia del Noroeste), el
cuerpo de Lesley Makousaan, estudiante de
17 años abiertamente gay; lo habían
estrangulado. Poco después se detuvo a un
sospechoso, que estaba en espera de juicio.
El 4 de diciembre se encontró en
Khayelitsha (provincia del Cabo Occidental),
el cuerpo de Noluvo Swelindawo, una mujer
abiertamente lesbiana que había sido
secuestrada la víspera. Se detuvo a un
sospechoso por cargos de violación de
domicilio, secuestro y asesinato, que
compareció ante un tribunal el 7 de
diciembre y, el 21 de diciembre, retiró su
solicitud de libertad con fianza.
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Se atacó a defensores y defensoras de los
derechos humanos por llevar a cabo su
labor; la justicia para este tipo de delitos
adolecía de lentitud.
En marzo, Sikhosiphi “Bazooka” Rhadebe,
activista en favor de los derechos sobre la
tierra, murió en su domicilio de Lurholweni
(provincia del Cabo Occidental) por disparos
de dos hombres que afirmaron ser agentes
de policía. 3 Era el presidente del Comité de
Crisis de Amadiba, impulsado por la
comunidad, y se oponía a la extracción a
cielo abierto de titanio y otros minerales
pesados en tierras comunales de Xolobeni
por una subsidiaria local de la compañía
Mineral Commodities Limited, radicada en
Australia.
Se fijó para febrero de 2017 el comienzo
del juicio de un agente de policía acusado
formalmente de disparar y matar en 2013 a
Nqobile Nzuza, activista de 17 años en favor
del derecho a la vivienda, durante una
protesta en el asentamiento informal de Cato
Crest (Durban).
El 20 de mayo, el Tribunal Superior de
Durban declaró a dos concejales del partido
gobernante, Congreso Nacional Africano, y a
otro acusado, un sicario, culpables del
asesinato en septiembre de 2014 de la
activista en favor del derecho a la vivienda
Thulisile Ndlovu. Los tres fueron condenados
a cadena perpetua.
En una sentencia histórica, el 17 de
noviembre el Tribunal Superior de
Bloemfontein estimó el recurso presentado
por 94 trabajadores y trabajadoras
comunitarios de la salud y activistas de la
Campaña de Acceso a Tratamientos que
habían logrado impugnar la
constitucionalidad del uso de una norma de
la época del apartheid, la Ley sobre
Regulación de Reuniones de 1993. Esta ley
penalizaba la reunión de más de 15 personas
en espacios públicos sin notificación previa a
la policía. La sentencia ratificó que participar
en una reunión sin aviso previo no era delito.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En junio, tres destacados periodistas de la
Corporación Sudafricana de Difusión
Audiovisual (SABC, por sus siglas en inglés)
fueron suspendidos de modo sumario,
presuntamente por no estar de acuerdo con
la decisión de no informar sobre una protesta
pacífica contra la censura y el abuso de
poder ejercidos por la SABC, convocada por
la organización de defensa Right2Know.
Cuando otros cinco periodistas de la SABC
manifestaron su oposición a las
suspensiones, fueron acusados de conducta
indebida. Los ocho empleados de la SABC
fueron despedidos después. El grupo
presentó una demanda ante el Tribunal
Constitucional en julio, en la que alegaron
que se había violado su derecho a la libertad
de expresión; el caso estaba pendiente de
resolución. En julio, cuatro de los periodistas
414 Informe 2016/17 Amnistía Internacional