AMNISTÍA INTERNACIONAL

declarado culpable de participación en una
conspiración para asesinar al presidente y
condenado a 15 años de prisión. En febrero,
Sheij Imran Abdulla, líder del Partido
Adhaalath, fue condenado a 12 años de
prisión por terrorismo en un juicio que recibió
críticas generalizadas, por considerarse falto
de imparcialidad y motivado por intereses
políticos. El Tribunal Supremo confirmó las
largas penas de prisión impuestas al ex
presidente Nasheed y al ex ministro de
Defensa Mohamed Nazim, ambos
condenados en juicios criticados por ser
manifiestamente injustos.
SISTEMA DE JUSTICIA
El sistema judicial seguía estando
profundamente politizado. En julio, un
tribunal civil amenazó con procesar al fiscal
general por desacato, tras haber comunicado
la Fiscalía su intención de recurrir una
sentencia que inhabilitaba a los antiguos
trabajadores del periódico Haveeru para
trabajar en cualquier otro medio de
comunicación durante dos años. El gobierno
no tomó medidas para reforzar la Comisión
de Servicios Judiciales a fin de garantizar su
imparcialidad.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En agosto, el presidente ratificó una nueva
ley sobre difamación, previamente aprobada
por el Parlamento, que penalizaba los
discursos, comentarios y demás actos
considerados “difamatorios”. Esta ley estaba
redactada en términos imprecisos y su
aplicación era muy amplia, lo que daba luz
verde a las autoridades para atacar y
silenciar a quienes las criticaban
pacíficamente. 1
Los medios de comunicación libres e
independientes fueron hostigados con
procesos judiciales y prohibiciones. Los
medios informativos Haveeru, DhiTV,
AdduLIVE y Channel News Maldives fueron
clausurados o bloqueados de forma
temporal. Se presentaron cargos por
obstrucción de la labor policial contra cuatro
periodistas del canal de televisión Raajje TV
—favorable a la oposición— que habían
cubierto informativamente un acto de
protesta. Se esperaban las sentencias para
principios de 2017.
En julio detuvieron por “incitación al odio”
al activista de redes sociales “Lucas” Jaleel,
que había denunciado en una serie de tuits
el uso excesivo de la fuerza por parte de la
policía
En abril, la policía confirmó que el
periodista Ahmed Rilwan había sido
secuestrado en 2014 a las puertas de su
domicilio, pese a que previamente había
negado la existencia de indicios de
secuestro. En mayo, el gobierno negó ante el
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias de la ONU cualquier
implicación en su desaparición.
En septiembre, la policía irrumpió en la
sede del periódico Maldives Independent,
alegando que el diario estaba presuntamente
implicado en una conspiración para dar un
golpe de Estado. El asalto se produjo horas
después del estreno de un documental de Al
Yazira en el que se acusaba de corrupción a
gran escala al presidente del país y a sus
principales ministros, y en el que
entrevistaban a la directora del periódico.
LIBERTAD DE REUNIÓN
Siguieron imponiéndose restricciones
arbitrarias a personas que se manifestaban
pacíficamente y a defensores y defensoras de
los derechos humanos. En febrero, la policía
prohibió en la capital, Malé, una marcha
contra la corrupción. En abril detuvieron a 16
periodistas que habían llevado a cabo una
protesta pacífica contra la ley sobre
difamación ante la sede de la Presidencia, 2 y
en agosto se impidió a una serie de
periodistas protestar contra la misma ley. En
julio, el gobierno denegó a la Oposición
Unida de Maldivas autorización para celebrar
una concentración. En agosto se promulgó
una ley que obligaba a obtener permiso por
escrito de la policía para celebrar actos de
protesta en Malé.
296 Informe 2016/17 Amnistía Internacional