AMNISTÍA INTERNACIONAL

celebrado ese mismo mes, al menos 50
personas que formaban parte de la oposición
—incluido el ex presidente de la Asamblea
Nacional Mamadou Koulibaly— fueron
detenidas arbitrariamente en Abiyán y
recluidas durante horas. A algunas las
retuvieron en vehículos policiales en
circulación, práctica conocida como
“detención móvil”, las alejaron unos
kilómetros —en algunos casos hasta Adzopé,
a aproximadamente 100 kilómetros del
centro de Abiyán— y las obligaron a regresar
a su casa caminando.
IMPUNIDAD
En febrero, se juzgó ante el Tribunal Militar a
24 militares acusados de haber asesinado en
2002 al presidente Robert Guéï, su familia y
su guardaespaldas, Fabien Coulibaly. Tres de
los acusados, entre ellos el general Bruno
Dogbo Blé —ex jefe de la Guardia
Presidencial— y el comandante Anselme
Séka Yapo, fueron condenados a cadena
perpetua. Un total de 10 fueron condenados
a 10 años de prisión cada uno y los demás
fueron absueltos.
Al menos 146 personas simpatizantes del
ex presidente Gbagbo que habían sido
detenidas entre 2011 y 2015 seguían en
espera de juicio por delitos presuntamente
cometidos durante la violencia poselectoral
de 2010. Aproximadamente 87 de ellas
llevaban recluidas desde 2011 o 2012.
A pesar del compromiso del presidente
Ouattara de garantizar la aplicación equitativa
de la justicia durante su presidencia, sólo se
juzgó por las violaciones graves de derechos
humanos cometidas durante las elecciones
de 2010 y después de ellas a quienes
presuntamente eran simpatizantes de
Laurent Gbagbo. No se enjuició a las fuerzas
leales al presidente Outtara que habían
cometido violaciones graves de derechos
humanos, tales como el homicidio de más de
800 personas en Duékoué en abril de 2011 y
de otras 13 personas en un campo para
personas internamente desplazadas en
Nahibly en julio de 2012. Algunos miembros
de esas fuerzas habían sido identificados por
familiares de las víctimas. Sin embargo,
aunque se investigaron los homicidios, al
concluir el año no se había procesado a
nadie.
JUSTICIA INTERNACIONAL
En enero se inició el juicio del ex presidente
Gbagbo y de Charles Blé Goudé ante la CPI;
seguía en curso al finalizar el año. En febrero,
el presidente Ouattara anunció que no se
entregaría a más ciudadanos marfileños a la
CPI para su enjuiciamiento porque el sistema
nacional de justicia era operativo. En mayo,
un tribunal nacional inició el juicio de Simone
Gbagbo, esposa del ex presidente, por
crímenes de lesa humanidad, a pesar de la
orden de detención pendiente dictada contra
ella por la CPI. Antes, en mayo de 2015, la
CPI había rechazado el recurso de Costa de
Marfil sobre la admisibilidad de ese caso ante
la Corte.
SISTEMA DE JUSTICIA
David Samba, personalidad de la oposición y
presidente de la ONG Coalición de
Indignados de Costa de Marfil, fue acusado
de amenazar la seguridad nacional mientras
cumplía una condena de seis meses de
prisión por desórdenes públicos. Al terminar
el año permanecía recluido, en espera de
juicio por los cargos adicionales.
CONDICIONES DE RECLUSIÓN
La población interna del Centro de Detención
y Corrección, principal prisión de Abiyán,
continuaba recluida en condiciones duras y
de hacinamiento. En marzo, las autoridades
penitenciarias afirmaron que en la prisión,
con capacidad para 1.500 internos, se
hallaban recluidos 3.694. Hubo presos que
denunciaron haberse visto obligados a pagar
sobornos de hasta 20.000 francos CFA (unos
32 dólares estadounidenses) a reclusos que
controlaban la seguridad interna para evitar
que los colocaran en celdas mugrientas con
el suelo cubierto de orina y agua. Las familias
se veían obligadas a pagar sobornos para
visitar a sus parientes. Los presos
encargados de la seguridad interna también
infligían castigos corporales a otros reclusos,
lo que había causado al menos tres muertes
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 159