AMNISTÍA INTERNACIONAL

Se utilizaron leyes poco precisas y
redactadas en términos ambiguos para
restringir de forma arbitraria los derechos a
la libertad de expresión, de reunión pacífica
y de asociación. Pese a que las autoridades
se habían comprometido a resolver los
casos de violaciones de derechos humanos
cometidas en el pasado, se continuó
negando el acceso a la verdad, a la justicia
y a una reparación a millones de víctimas y
a sus familias. Se recibieron noticias sobre
violaciones de derechos humanos
cometidas por las fuerzas de seguridad,
entre ellas homicidios ilegítimos y uso
excesivo o innecesario de la fuerza. Al
menos 38 personas permanecían recluidas
por motivos de conciencia. Cuatro personas
fueron ejecutadas.
INFORMACIÓN GENERAL
En enero, el grupo armado Estado Islámico
reivindicó la autoría de una serie de
atentados perpetrados en la capital, Yakarta,
en los que murieron cuatro atacantes y
cuatro civiles. En respuesta a estos
acontecimientos, el gobierno propuso una
reforma del proyecto de Ley Antiterrorista
que podría socavar las salvaguardias contra
la tortura y la detención arbitraria y ampliar el
ámbito de aplicación de la pena de muerte.
En julio fue nombrado ministro coordinador
de Asuntos Políticos, Jurídicos y de
Seguridad el general retirado Wiranto, a
quien un tribunal de Timor Oriental
patrocinado por la ONU había acusado
formalmente de crímenes de lesa
humanidad. Asimismo, su nombre había
aparecido en la investigación que abrió en
1999 la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de Indonesia (Komnas HAM) como
presunto responsable de graves violaciones
de derechos humanos perpetradas en Timor
Oriental en relación con el referéndum de
1999. Al concluir el año no se habían
presentado cargos en su contra en
Indonesia.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Siguieron utilizándose leyes poco precisas y
redactadas en términos ambiguos para
restringir de forma arbitraria los derechos a la
libertad de expresión, de asociación, de
reunión pacífica y de religión o creencias. En
julio, en aplicación del artículo 106 del
Código Penal, acusaron de “rebelión” a Yanto
Awerkion y Sem Ukago, activistas políticos
papúes de Timika. En noviembre, en
aplicación del artículo 160 (véase infra), el
preso de conciencia Steven Itlay, líder del
Comité Nacional de Papúa Occidental en
Timika, fue condenado a un año de prisión
por “incitación”. Otro activista de Ternate
(provincia de Molucas Septentrional) fue
acusado de “rebelión” por haber publicado
en Internet la foto de una camiseta con una
caricatura del símbolo comunista de la hoz y
el martillo. En mayo, Ahmad Mushaddeq,
Andry Cahya y Mahful Muis Tumanurung, ex
líderes de Gafatar (grupo religioso disuelto),
fueron detenidos y posteriormente acusados
de blasfemia en aplicación del artículo 156.a
del Código Penal, y de “rebelión” en
aplicación de los artículos 107 y 110 de
dicho código. Se los castigaba así por haber
practicado pacíficamente su credo.
La imprecisa redacción de la Ley sobre
Información y Transacciones Electrónicas de
2008 permitía interpretar ampliamente las
definiciones de “difamación” y “blasfemia” y,
en consecuencia, criminalizar la libertad de
expresión. La policía, el ejército y la Agencia
Nacional Antidroga amenazaron a Haris
Azhar, coordinador ejecutivo de la ONG de
derechos humanos KontraS, con presentar
cargos en su contra por difamación en
aplicación de esta ley. Estas amenazas
venían al hilo de un artículo que había
publicado en las redes sociales, en el que
vinculaba a los agentes de seguridad y a los
funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley con el narcotráfico y la corrupción. Los
cargos quedaron suspendidos. 1 En agosto, al
amparo de esa misma Ley, la organización
Pospera (afín al partido del gobierno)
presentó una querella por difamación contra
I Wayan Suardana, defensor de los derechos
humanos de Bali, por unos mensajes que
había publicado en Twitter en los que se
burlaba de quienes apoyaban un
megaproyecto de reclamación de terrenos en
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 235