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AMNISTÍA INTERNACIONAL

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incondicional a alojamiento y otros servicios<br />

básicos.<br />

DISCRIMINACIÓN<br />

Uso de perfiles étnicos por la policía<br />

El uso de perfiles étnicos por parte de la<br />

policía seguía siendo motivo de honda<br />

preocupación. Aunque las autoridades<br />

reconocían los efectos perjudiciales del uso<br />

de ese tipo de perfiles, no formularon un plan<br />

integral sobre el uso imparcial y efectivo de<br />

las atribuciones para dar el alto y registrar.<br />

Además, la policía continuó negándose a<br />

supervisar y grabar de manera sistemática<br />

las operaciones de interceptación y registro,<br />

por lo que era difícil evaluar si las medidas<br />

adoptadas para combatir la aplicación de<br />

criterios étnicos, como la formación, la<br />

gestión de la diversidad y el diálogo con las<br />

comunidades, eran eficaces para reducir la<br />

discriminación.<br />

Prohibición parcial de ocultar el rostro<br />

La Cámara de Representantes había<br />

aprobado en noviembre una propuesta del<br />

gobierno para prohibir la indumentaria<br />

destinada a ocultar el rostro en determinados<br />

espacios, como el transporte público y los<br />

centros públicos de educación y salud, pero<br />

la propuesta estaba aún pendiente ante el<br />

Senado. La prohibición coartaría el derecho a<br />

la libertad de religión y de expresión, sobre<br />

todo de las mujeres musulmanas.<br />

SEGURIDAD Y MEDIDAS<br />

ANTITERRORISTAS<br />

En mayo, la Cámara de Representantes<br />

aprobó dos controvertidos proyectos de ley<br />

antiterrorista, que probablemente serían<br />

debatidos por el Senado a principios de<br />

2017. Ambas leyes, de ser aprobadas,<br />

permitirían que el ministro de Seguridad y<br />

Justicia impusiera medidas administrativas<br />

de control a determinadas personas, incluida<br />

la prohibición de viajar, basándose en<br />

indicios de que podrían representar una<br />

amenaza terrorista en el futuro. Asimismo<br />

permitiría revocar la nacionalidad<br />

neerlandesa a ciudadanos con doble<br />

nacionalidad que hubieran viajado al<br />

extranjero para unirse a un grupo terrorista<br />

extranjero y fueran considerados un peligro<br />

para la seguridad nacional. Los<br />

procedimientos para recurrir contra la<br />

imposición de las medidas no contenían<br />

salvaguardias efectivas.<br />

En octubre se presentó al Parlamento un<br />

anteproyecto de ley sobre los servicios de<br />

inteligencia y seguridad. De promulgarse,<br />

esta ley legitimaría que los servicios de<br />

inteligencia y seguridad tuvieran amplias<br />

facultades de vigilancia, que podrían dar<br />

lugar a violaciones del derecho a la<br />

intimidad, a la libertad de expresión y a no<br />

sufrir discriminación. El anteproyecto de ley<br />

no contenía garantías suficientes contra el<br />

abuso de autoridad por parte de los servicios<br />

de inteligencia y seguridad, y existía un serio<br />

temor por la posibilidad de que las<br />

comunicaciones se compartieran con otros<br />

países donde la información podría utilizarse<br />

para cometer violaciones de derechos<br />

humanos.<br />

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS<br />

DERECHOS HUMANOS<br />

Nada Kiswanson, abogada de derechos<br />

humanos residente en La Haya que<br />

representaba a la ONG palestina Al Haq,<br />

estuvo recibiendo amenazas continuas desde<br />

febrero debido a su labor en la Corte Penal<br />

Internacional. Fue amenazada de muerte en<br />

varias ocasiones y sufrió intromisión en sus<br />

comunicaciones, intimidación, acoso y<br />

difamación. Sin embargo, hasta abril, las<br />

autoridades neerlandesas no tomaron<br />

medidas concretas para protegerla ni para<br />

abrir una investigación.<br />

PAKISTÁN<br />

República Islámica de Pakistán<br />

Jefe del Estado: Mamnoon Hussain<br />

Jefe del gobierno: Mohamed Nawaz Sharif<br />

Los grupos armados continuaron<br />

perpetrando ataques contra la población<br />

civil, incluidos funcionarios públicos, que<br />

causaron cientos de víctimas. Las fuerzas<br />

342 Informe 2016/17 Amnistía Internacional

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