AMNISTÍA INTERNACIONAL

de 2.000 participaron en una marcha
pacífica para protestar por el impago de sus
salarios por sus empleadores.
PENA DE MUERTE
La pena de muerte continuó en vigor. Los
tribunales no impusieron nuevas condenas a
muerte, pero el Tribunal de Casación
confirmó dos impuestas en años anteriores y
revocó cuatro, tres de las cuales el Tribunal
de Apelación volvió a imponer
posteriormente. No se llevaron a cabo
ejecuciones.
BANGLADESH
República Popular de Bangladesh
Jefe del Estado: Abdul Hamid
Jefa del gobierno: Sheij Hasina
Grupos armados que afirmaban actuar en
nombre del islam mataron en atentados
selectivos a decenas de personas, incluidos
ciudadanos y ciudadanas de otros países,
activistas en favor del laicismo y personas
LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales y transgénero). La reacción del
gobierno se caracterizó por la comisión de
violaciones de derechos humanos, entre
ellas detenciones arbitrarias, desapariciones
forzadas, homicidios ilegítimos, tortura y
otros malos tratos. El gobierno restringió
aún más el derecho a la libertad de
expresión, aplicando leyes represivas y
presentando cargos penales contra las
personas que se mostraban críticas con él.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El gobierno sometió a intensas presiones a
medios de comunicación y periodistas
independientes. Se presentaron cargos
penales arbitrarios contra varios periodistas,
a menudo por haber criticado a la primera
ministra, Sheij Hasina, a su familia o al
gobierno de la Liga Awami. Los periodistas
denunciaron un aumento de las amenazas
de funcionarios del gobierno u organismos de
seguridad.
En febrero se presentaron más de 80
denuncias por sedición y difamación contra
Mahfuz Anam, director del periódico Daily
Star, tras unas declaraciones suyas en las
que reconoció que, presionado por los
servicios de inteligencia militar, había
publicado acusaciones de corrupción
infundadas contra Sheij Hasina durante el
régimen militar de la década de 1990. El
Tribunal Superior suspendió todos los cargos
que, no obstante, podrían ser reactivados por
la fiscalía en el futuro. En abril detuvieron a
Shafik Rehman, de 82 años, periodista y
simpatizante de la oposición, por su presunta
implicación en un supuesto complot para
“secuestrar y matar” a Joy Wazed, hijo de la
primera ministra. Tras haber permanecido
recluido sin cargos durante más de cuatro
meses, incluidas varias semanas en régimen
de aislamiento, quedó en libertad bajo fianza
en agosto.
El gobierno siguió recurriendo a diversas
leyes represivas para restringir ampliamente
el derecho a la libertad de expresión, y en
concreto utilizó cada vez más la Ley de
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, que restringía de manera
arbitraria la libertad de expresión en Internet.
La organización de derechos humanos
Odhikar informó de al menos 35 detenciones
en aplicación de esta ley, frente a las 33 de
2015 y las 14 de 2014. Las víctimas de estos
ataques fueron periodistas, activistas y otras
personas. El activista estudiantil Dilip Roy,
arrestado en septiembre, fue una de las
personas detenidas por haber criticado a la
primera ministra en Facebook. Quedó en
libertad bajo fianza el 17 de noviembre.
En octubre, el Parlamento aprobó la Ley
de Regulación de Donaciones Extranjeras
(Actividades de Voluntariado), que reforzaba
de manera considerable el control del
gobierno sobre el trabajo de las ONG, y
amenazaba con dar de baja del registro de
asociaciones a las que hicieran comentarios
“hostiles” o “despectivos” sobre la
Constitución o los órganos constitucionales.
Además, se propusieron en el Parlamento
otros proyectos de ley que amenazaban la
libertad de expresión, entre ellos la Ley de
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 99