AMNISTÍA INTERNACIONAL

Policía Administrativa de intento de asesinato
después de que el agente le disparara en el
brazo durante un control rutinario de tráfico.
El agente le acusó a su vez de una infracción
de tráfico para intimidarlo con el fin de que
retirara la denuncia. El secuestro ocurrió
después de que Willie Kimani y Josphat
Mwendwa salieran de los juzgados de
Mavoko (condado de Machakos), adonde
habían asistido a una vista judicial relativa al
caso de la infracción de tráfico. El 21 de
septiembre, cuatro agentes de la Policía
Administrativa —Fredrick ole Leliman,
Stephen Cheburet Morogo, Sylvia Wanjiku
Wanjohi y Leonard Maina Mwangi— fueron
declarados culpables del asesinato de los
tres. Al terminar el año, los agentes
continuaban bajo custodia esperando que se
dictara su condena.
Los homicidios de los tres hombres
generaron protestas y movilizaron a
organizaciones de derechos humanos,
medios de comunicación y organizaciones
tanto jurídicas como profesionales de otro
tipo en todo el país para exigir que se
adoptaran medidas contra las desapariciones
forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
Se denunció que Job Omariba, enfermero
de la ciudad de Meru (en el este del país),
había desaparecido en Nairobi el 21 de
agosto. El 30 de ese mismo mes se halló su
cuerpo en el depósito de cadáveres de
Machakos. Ese mismo día, la Unidad
Especial de Prevención del Crimen detuvo a
tres agentes policiales como sospechosos de
su secuestro y asesinato.
El 29 de agosto, dos policías entraron en el
hospital de nivel 4 de Mwingi y mataron a
tiros a Ngandi Malia Musyem, vendedor
ambulante, después de que éste denunciara
a la policía el robo de su vehículo con
intimidación. Su hermana presenció el
homicidio, cuya investigación fue asignada a
agentes de Nairobi, Machakos y Embu.
Kenia no disponía de una base de datos
oficial de los homicidios o desapariciones
forzadas cometidos por la policía. Según la
organización de derechos humanos Haki
Africa, en los primeros ocho meses de 2016
se llevaron a cabo 78 ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas en
el condado de Mombasa. El periódico Daily
Nation documentó 21 casos de homicidios
cometidos por la policía durante ese mismo
periodo.
LIBERTAD DE REUNIÓN
La policía usó fuerza excesiva y letal para
dispersar a manifestantes en Nairobi y otras
localidades durante las manifestaciones que
se realizaron contra la Comisión Electoral y
de Circunscripciones Independiente.
El 16 de mayo, un manifestante de Nairobi
resultó herido por arma de fuego en un
enfrentamiento con la policía cuando unos
residentes del asentamiento informal de
Kibera intentaban realizar una marcha a las
oficinas de la Comisión Electoral.
El 23 de mayo, la policía utilizó porras, gas
lacrimógeno, cañones de agua y, en algunos
casos, munición real para dispersar a
manifestantes que realizaban una marcha
hacia las oficinas de la Comisión Electoral.
Un vídeo mostraba a tres policías que
propinaban patadas y golpeaban a un
manifestante después de que hubiera caído
al suelo. 2 Ese día, al menos 2 personas
perdieron la vida y 53 resultaron heridas
durante una manifestación en la ciudad de
Kisumu.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Las autoridades seguían restringiendo la
libertad de expresión mediante la
intimidación y el hostigamiento a periodistas,
blogueros y otros miembros de la sociedad
civil, utilizando, en particular, la ambigüedad
de la Ley de Información y Comunicación de
Kenia. Al menos 13 personas fueron
enjuiciadas en virtud del artículo 29 de la
Ley, en el que aparecían términos tan
imprecisos como “manifiestamente ofensivo”
e “indecente”. El 19 de abril, el Tribunal
Superior concluyó que el artículo 29 infringía
las disposiciones de la Constitución sobre el
derecho a la libertad de expresión.
Mbuvi Kasina, periodista, seguía
enfrentándose a seis cargos de uso indebido
de un sistema autorizado de
telecomunicaciones por cuestionar los gastos
270 Informe 2016/17 Amnistía Internacional