AMNISTÍA INTERNACIONAL

nacional de Francia. El 26 de julio, un
sacerdote fue asesinado en su parroquia
cerca de Ruan, en el noroeste de Francia.
Una semana después del atentado de
Niza, el Parlamento votó a favor de prorrogar
hasta el 26 de enero de 2017 el estado de
excepción vigente desde los atentados
coordinados cometidos por terroristas en
París en noviembre de 2015. El 15 de
diciembre, el Parlamento votó a favor de otra
prórroga hasta el 15 de julio de 2017.
El estado de excepción concedía
facultades excepcionales a la policía y al
Ministerio del Interior para, entre otras cosas,
llevar a cabo registros domiciliarios sin
autorización judicial e imponer medidas de
control administrativo que restringían la
libertad de la persona en función de pruebas
poco precisas y que no alcanzaban el umbral
requerido para entablar un proceso penal. 1
En el ejercicio de esas facultades, las
autoridades efectuaron más de 4.000
registros domiciliarios sin autorización judicial
y sometieron a más de 400 personas a
órdenes de asignación de residencia. A fecha
de 22 de noviembre, las órdenes afectaban a
95 personas. Las medidas de excepción
imponían restricciones desproporcionadas
sobre la libertad de circulación y el derecho a
la vida privada.
El 10 de junio, el Comité de la ONU contra
la Tortura expresó preocupación por
denuncias de uso excesivo de la fuerza,
ejercido por la policía en el contexto de
registros que practicaba por orden
administrativa en virtud de las facultades de
excepción, y pidió que se investigaran.
Además, el Parlamento aprobó legislación
que reforzaba las competencias
administrativas y judiciales en el ámbito de la
lucha antiterrorista. El 3 de junio, el
Parlamento aprobó legislación que autorizaba
al ministro del Interior a utilizar medidas de
control administrativo contra personas que
presuntamente habían regresado de zonas
de conflicto cuando se consideraba que
representaban una amenaza para la
seguridad pública. La legislación ampliaba
las competencias de las autoridades
judiciales para autorizar registros
domiciliarios en cualquier momento con fines
de investigación de delitos de terrorismo, y
tipificaba como delito la consulta habitual de
sitios web que presuntamente incitaran al
terrorismo o lo enaltecieran, a menos que
esos sitios se hubieran consultado de buena
fe, para fines de investigación o por otras
razones profesionales con objeto de informar
al público en general. La imprecisa definición
del delito elevaba las probabilidades de que
una persona fuera procesada por conductas
que entraban en el ámbito del ejercicio
legítimo de la libertad de expresión y de
información.
DERECHOS DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES
El 24 de octubre, las autoridades
comenzaron a desalojar a las más de 6.500
personas migrantes y solicitantes de asilo
que vivían en el asentamiento informal de
“La jungla”, en Calais; el proceso duró varios
días. Los afectados por el desalojo fueron
reubicados en centros de recepción de todo
el país, donde recibieron información sobre
los procedimientos de concesión de asilo.
Las autoridades no consultaron debidamente
a los migrantes y solicitantes de asilo ni les
proporcionaron información adecuada antes
del desalojo.
Organizaciones de la sociedad civil
expresaron su inquietud por el proceso
seguido con los aproximadamente 1.600
menores no acompañados que vivían en el
asentamiento. Su situación debía ser
evaluada conjuntamente por las autoridades
británicas y francesas en función de su
interés superior como menores y su posible
traslado a Reino Unido para reunirlos con
sus familias. Las autoridades no tenían
capacidad para llevar un registro de todos los
menores y, al parecer, rechazaron a algunos
basándose en su supuesta edad sin
someterlos a una evaluación exhaustiva. El 2
de noviembre, el Comité de los Derechos del
Niño de la ONU expresó su preocupación por
los menores que habían quedado en Calais
sin alojamiento, alimentación ni servicios
médicos adecuados como consecuencia de
la operación de desalojo. A mediados de
204 Informe 2016/17 Amnistía Internacional