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AMNISTÍA INTERNACIONAL

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DERECHOS DE TRABAJADORES Y<br />

TRABAJADORAS MIGRANTES<br />

Los trabajadores y trabajadoras migrantes<br />

estaban excluidos de la protección que<br />

ofrecía la Ley del Trabajo, lo que los dejaba<br />

expuestos a sufrir explotación laboral y<br />

abusos físicos, sexuales y psicológicos de sus<br />

empleadores. En especial seguían estando<br />

en situación de riesgo las personas migrantes<br />

empleadas en el servicio doméstico, en su<br />

mayoría mujeres, debido al sistema de<br />

patrocinio laboral kafala, que las mantenía<br />

atadas a sus empleadores.<br />

JUSTICIA <strong>INTERNACIONAL</strong><br />

Tribunal Especial para el Líbano<br />

El Tribunal Especial para el Líbano, radicado<br />

en Países Bajos, proseguía con el<br />

enjuiciamiento in absentia de cuatro<br />

hombres acusados de complicidad en el<br />

homicidio del ex primer ministro Rafiq Hariri<br />

y de otras personas en un atentado con<br />

coche bomba perpetrado en Beirut en 2005.<br />

Los cuatro continuaban eludiendo la<br />

detención. Un quinto acusado murió en Siria.<br />

El 8 de marzo, la Sala de Apelaciones del<br />

Tribunal absolvió a la periodista Karma<br />

Khayat y al medio que la empleaba, Al<br />

Jadeed TV, de desacato al tribunal. El 15 de<br />

julio, el Tribunal acusó al diario Al Akhbar y a<br />

su redactor jefe, Ibrahim al Amine, de<br />

desacato al tribunal por no obedecer la orden<br />

judicial de eliminar información sobre unos<br />

testigos confidenciales, y de obstrucción a la<br />

justicia. El 29 de agosto condenó a pagar<br />

20.000 euros de multa a Ibrahim al Amine y,<br />

5.000, a Al Akhbar.<br />

IMPUNIDAD<br />

El gobierno siguió sin establecer un órgano<br />

nacional independiente para investigar la<br />

suerte de los miles de personas que fueron<br />

sometidas a desaparición forzada o quedaron<br />

en paradero desconocido durante la guerra<br />

civil de Líbano (1975-1990) y que podrían<br />

haber sido víctimas de homicidio ilegítimo.<br />

Esta situación perpetuaba el sufrimiento de<br />

sus familias, que seguían afrontando<br />

obstáculos administrativos, legales, sociales y<br />

económicos como consecuencia de su<br />

desaparición forzada.<br />

PENA DE MUERTE<br />

Los tribunales impusieron al menos 107<br />

condenas a muerte por delitos de terrorismo.<br />

No se llevaban a cabo ejecuciones desde<br />

2004.<br />

LIBIA<br />

Estado de Libia<br />

Jefe del Estado: en disputa<br />

Jefe del gobierno: Fayez Serraj<br />

Las fuerzas gubernamentales rivales y otros<br />

grupos armados y milicias cometieron con<br />

impunidad violaciones graves del derecho<br />

internacional y abusos contra los derechos<br />

humanos. Todas las partes en el conflicto<br />

llevaron a cabo ataques indiscriminados y<br />

ataques directos contra civiles, que<br />

provocaron el desplazamiento interno de<br />

miles de personas y una crisis humanitaria.<br />

Miles de personas continuaban recluidas<br />

sin juicio por no haber un sistema de<br />

justicia operativo, y la tortura y otros malos<br />

tratos eran práctica habitual. Los grupos<br />

armados, entre ellos el Estado Islámico,<br />

secuestraban y sometían a reclusión y<br />

mataban a civiles, y restringían gravemente<br />

el derecho a la libertad de expresión y de<br />

reunión. Las mujeres sufrían discriminación<br />

y violencia sexual y de otros tipos, sobre<br />

todo a manos del Estado Islámico. Las<br />

autoridades, grupos armados y traficantes<br />

de personas sometían a las personas<br />

refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes<br />

a abusos graves, como reclusión indefinida<br />

y tortura y otros malos tratos. La pena de<br />

muerte continuaba en vigor; no se tuvo<br />

noticia de ninguna ejecución.<br />

INFORMACIÓN GENERAL<br />

Libia siguió profundamente dividida mientras<br />

los gobiernos rivales continuaban<br />

compitiendo por la legitimidad política y para<br />

consolidar el control en un contexto de<br />

deterioro económico y caos generalizado, en<br />

Informe 2016/17 Amnistía Internacional 283

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