AMNISTÍA INTERNACIONAL

ley también disponía que las asociaciones
podrían ser disueltas en aplicación de una
decisión del Consejo de Ministros o, en el
caso de las “asociaciones extranjeras e
internacionales”, del ministro de
Administración Territorial. Por último,
concedía incentivos fiscales a las
asociaciones que aceptaran un aumento del
control del gobierno sobre sus objetivos y
actividades.
IMPUNIDAD
Persistió el clima de impunidad por
violaciones de derechos humanos.
En marzo se adoptó una ley sobre libertad
de acceso a la información y a
documentación pública para facilitar una
mayor transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, la Asamblea Nacional aprobó
en abril un nuevo Código de Justicia Militar
que alimentaba la impunidad, ya que
concedía a los tribunales militares la facultad
de investigar y juzgar delitos comunes
cometidos por personal militar, entre ellos la
violación y la tortura. La competencia del
tribunal se extendía a la población civil.
También en marzo, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos hizo público su
informe sobre las manifestaciones de
noviembre de 2015 en Mango. Pese a
concluir que “la falta de profesionalidad por
parte de ciertos agentes de las fuerzas del
orden y de seguridad y la insuficiencia de los
elementos desplegados en el terreno” dieron
lugar a “un uso excesivo de la fuerza”, al
final de 2016 ningún miembro de las fuerzas
de seguridad había sido procesado y ninguna
de las víctimas había recibido indemnización.
Más de 11 años después de que casi 500
personas murieran en el contexto de la
violencia que rodeó las elecciones
presidenciales del 24 de abril de 2005, las
autoridades no habían tomado medida
alguna para identificar a los responsables de
las muertes. No se tenía constancia de que
se hubiera investigado a fondo ninguna de
las 72 denuncias presentadas por las familias
de las víctimas en los tribunales de
Atakpamé, Amlamé y Lomé.
NOVEDADES JURÍDICAS,
CONSTITUCIONALES E
INSTITUCIONALES
En marzo, la Asamblea Nacional adoptó una
ley que facultaba al presidente para nombrar
a los miembros de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos sin necesidad de
supervisión parlamentaria. La ley también
establecía el Mecanismo Nacional de
Prevención —destinado a prevenir e
investigar los casos de tortura—, pero lo
situaba dentro de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, lo que hacía temer por
su capacidad de funcionar con
independencia.
1. Togo: The participating states to the UPR review must call for the
protection of the rights to freedom of association, peaceful assembly
and expression in Togo (AFR 03/5064/2016)
TÚNEZ
República de Túnez
Jefe del Estado: Beyi Caid Esebsi
Jefe del gobierno: Yousef Chahed (sustituyó a Habib
Esid en agosto)
Las autoridades seguían limitando el
derecho a la libertad de expresión y de
reunión, y utilizaban las atribuciones del
estado de excepción y las leyes
antiterroristas para imponer restricciones
arbitrarias a la libertad personal y a la
libertad de circulación. Se conocieron
nuevos casos de tortura y otros malos tratos
infligidos a personas detenidas. Las
mujeres seguían sufriendo discriminación
en la ley y en la práctica, y no recibían
protección adecuada contra la violencia de
género. Las relaciones homosexuales
continuaban siendo delito, y las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales (LGBTI) seguían expuestas a
ser detenidas y encarceladas. Los tribunales
continuaron imponiendo condenas a
muerte. No se llevaron a cabo ejecuciones.
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 437