AMNISTÍA INTERNACIONAL

que se firmó el 26 de septiembre en
Cartagena. 3 Sin embargo, el acuerdo fue
rechazado el 2 de octubre en referéndum, en
parte por la preocupación que suscitaba la
laxitud de sus disposiciones relativas a la
justicia.
El 12 de noviembre, las dos partes
anunciaron un acuerdo de paz revisado, que
se firmó el 24 de noviembre. Tras la
ratificación del acuerdo por el Congreso el 30
de noviembre, estaba previsto que las FARC
iniciaran un proceso de desmovilización y
desarme de seis meses de duración, que
debía ser supervisado y verificado en parte
por una misión de observadores de la ONU
desarmados. Al terminar el año, los
combatientes de las FARC todavía no se
habían congregado en las zonas de
concentración desde donde debían
comenzar el proceso de desmovilización; ello
se debió a retrasos a la hora de hacer
habitables dichas zonas.
El 28 de diciembre, el Congreso aprobó
una ley que preveía amnistías o indultos a
combatientes de las FARC y la renuncia a la
persecución penal de los miembros de las
fuerzas de seguridad, siempre que sus
beneficiarios no estuvieran siendo
investigados por crímenes de derecho
internacional o no hubieran sido declarados
culpables de cometer tales delitos. Aquellas
personas que hubieran cumplido al menos
cinco años de prisión por crímenes de
derecho internacional serían, bajo
determinadas circunstancias, puestas en
libertad condicional. Las ambigüedades de la
ley podían dar lugar a que muchos
responsables de abusos contra los derechos
humanos eludieran la justicia.
Las modificaciones introducidas en el
acuerdo de paz no reforzaban de manera
significativa los derechos de las víctimas. Sin
embargo, en caso de aplicarse de manera
efectiva, la disposición que exigía a las FARC
proporcionar un inventario de los bienes
adquiridos en el conflicto —bienes que se
emplearían para brindar reparación a las
víctimas— supondría un acontecimiento
positivo.
El acuerdo de paz establecía la
Jurisdicción Especial para la Paz —que
entraría en vigor una vez que fuera aprobado
por el Congreso—, a fin de investigar y
castigar a los responsables de crímenes de
derecho internacional; también establecía
una comisión de la verdad y un mecanismo
para localizar e identificar a las personas
desaparecidas a consecuencia del conflicto.
Sin embargo, a pesar de contar con
algunos aspectos positivos, el acuerdo no
cumplía el derecho y las normas
internacionales sobre los derechos de las
víctimas: entre otras cosas, incluía castigos
que parecían no ajustarse a la gravedad de
determinados crímenes, y una definición de
la responsabilidad de la cadena de mando
que podría dificultar la rendición de cuentas
de los jefes de las FARC y de los de las
fuerzas de seguridad por los delitos
cometidos por sus subordinados.
El 30 de marzo, el gobierno y el ELN
anunciaron que entablarían negociaciones de
paz. No obstante, el proceso aún no había
comenzado al terminar el año debido a que
el ELN no había liberado a uno de sus
rehenes más conocidos.
El presidente Santos fue galardonado con
el Premio Nobel de la Paz el 7 de octubre por
su papel para conseguir el acuerdo de paz. 4
CONFLICTO ARMADO INTERNO
Hasta el 1 de diciembre de 2016, la Unidad
de Víctimas, establecida por el gobierno,
había registrado las siguientes cifras: casi 8
millones de víctimas del conflicto desde
1985, entre las que había unas 268.000
víctimas de homicidio, la mayoría civiles; más
de 7 millones de víctimas de desplazamiento
forzado; alrededor de 46.000 víctimas de
desaparición forzada; al menos 30.000 casos
de toma de rehenes; más de 10.000 víctimas
de tortura; y aproximadamente 10.800
víctimas de minas terrestres antipersonales y
de artefactos explosivos no detonados. Las
fuerzas de seguridad, los paramilitares y los
grupos guerrilleros eran responsables de
esos crímenes.
La reducción de las hostilidades entre las
fuerzas de seguridad y las FARC durante el
148 Informe 2016/17 Amnistía Internacional