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AMNISTÍA INTERNACIONAL

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LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE<br />

REUNIÓN<br />

La represión contra defensores y defensoras<br />

de los derechos humanos, medios de<br />

comunicación independientes, periodistas,<br />

autores de blogs, manifestantes pacíficos y<br />

miembros y dirigentes de la oposición política<br />

se intensificó durante el año, a menudo<br />

recurriendo a disposiciones de la<br />

Proclamación Antiterrorista de 2009. 3 La<br />

declaración del estado de excepción supuso<br />

restricciones adicionales de la libertad de<br />

expresión, que incluyeron bloqueos<br />

intermitentes de Internet.<br />

En virtud del estado de excepción, más de<br />

11.000 personas fueron detenidas y<br />

recluidas sin acceso a abogados, familiares o<br />

jueces. Entre los detenidos arbitrariamente<br />

figuraban Befeqadu Hailu, miembro del<br />

grupo de blogs Zone-9, Merera Gudina,<br />

presidente del Congreso Federalista Oromo,<br />

Anania Sorri y Daniel Shibeshi, miembros del<br />

ya inexistente Partido de la Unidad para la<br />

Democracia y la Justicia (Andinet), y Elias<br />

Gebru, periodista. Cuatro miembros de la<br />

ONG nacional Consejo Etíope de Derechos<br />

Humanos —Addisu Teferi, Feqadu Negeri,<br />

Roman Waqweya y Bulti Tessema— fueron<br />

detenidos en Neqmte, Oromia.<br />

JUICIOS INJUSTOS<br />

Hubo activistas políticos que se enfrentaron a<br />

juicios injustos por cargos presentados en<br />

virtud de la Proclamación Antiterrorista, que<br />

incluía definiciones excesivamente amplias e<br />

imprecisas de actos terroristas punibles con<br />

hasta 20 años de prisión.<br />

Los dirigentes de la oposición política<br />

Gurmesa Ayano y Beqele Gerba, adjunto a la<br />

dirección del Congreso Federalista Oromo,<br />

fueron algunos de los 22 acusados que se<br />

enfrentaron a un juicio injusto por cargos<br />

presentados en virtud de la Proclamación<br />

Antiterrorista por su participación en la<br />

organización de la protesta de noviembre de<br />

2015 en Oromia. El 11 de mayo, cuando<br />

debían comparecer ante el tribunal, las<br />

autoridades se negaron a llevarlos porque<br />

vestían trajes negros en señal de duelo por<br />

las personas que habían perdido la vida<br />

durante las protestas. Para su siguiente<br />

comparecencia ante el tribunal, el 3 de junio,<br />

las autoridades penitenciarias llevaron a los<br />

acusados al tribunal en ropa interior. Los<br />

acusados se quejaron ante el tribunal de que<br />

los habían golpeado bajo custodia y de que<br />

los funcionarios de la prisión les habían<br />

quitado su ropa. El tribunal no ordenó la<br />

apertura de una investigación sobre sus<br />

denuncias de tortura y otros malos tratos. 4<br />

Desta Dinka, coordinador de Juventud del<br />

Congreso Federalista Oromo, estuvo recluido<br />

en espera de juicio desde el 23 de diciembre<br />

de 2015 hasta mayo de 2016, antes de ser<br />

acusado formalmente en virtud de la<br />

Proclamación Antiterrorista. El tribunal<br />

ordenó su reclusión en espera de juicio. La<br />

ley sólo permitía un máximo de cuatro meses<br />

de detención previa al juicio.<br />

Se negó a Berhanu Tekleyared,<br />

Eyerusalem Tesfaw y Fikremariam Asmamaw<br />

su derecho a la defensa durante su juicio por<br />

cargos relacionados con el terrorismo. Pese a<br />

ello, el 20 de julio fueron declarados<br />

culpables.<br />

IMPUNIDAD<br />

El gobierno rechazó los llamamientos del<br />

ACNUR —la agencia de la ONU para los<br />

refugiados— y de la Comisión Africana de<br />

Derechos Humanos y de los Pueblos para<br />

que se llevaran a cabo investigaciones<br />

independientes e imparciales sobre las<br />

violaciones de derechos humanos cometidas<br />

en el contexto de las protestas en varios<br />

estados regionales.<br />

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES<br />

La policía Liyu, fuerza especial del estado<br />

regional de Somali, en el este de Etiopía,<br />

ejecutó extrajudicialmente a 21 personas en<br />

Jamaa Dhuubed el 5 de junio. Un total de 14<br />

murieron por disparos en la mezquita, y 7 en<br />

otros lugares de la población. Cuando los<br />

familiares de las personas fallecidas llegaron<br />

para celebrar sus funerales y enterrarlas, la<br />

policía Liyu amenazó con matarlos.<br />

Informe 2016/17 Amnistía Internacional 193

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