AMNISTÍA INTERNACIONAL
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE<br />
REUNIÓN<br />
La represión contra defensores y defensoras<br />
de los derechos humanos, medios de<br />
comunicación independientes, periodistas,<br />
autores de blogs, manifestantes pacíficos y<br />
miembros y dirigentes de la oposición política<br />
se intensificó durante el año, a menudo<br />
recurriendo a disposiciones de la<br />
Proclamación Antiterrorista de 2009. 3 La<br />
declaración del estado de excepción supuso<br />
restricciones adicionales de la libertad de<br />
expresión, que incluyeron bloqueos<br />
intermitentes de Internet.<br />
En virtud del estado de excepción, más de<br />
11.000 personas fueron detenidas y<br />
recluidas sin acceso a abogados, familiares o<br />
jueces. Entre los detenidos arbitrariamente<br />
figuraban Befeqadu Hailu, miembro del<br />
grupo de blogs Zone-9, Merera Gudina,<br />
presidente del Congreso Federalista Oromo,<br />
Anania Sorri y Daniel Shibeshi, miembros del<br />
ya inexistente Partido de la Unidad para la<br />
Democracia y la Justicia (Andinet), y Elias<br />
Gebru, periodista. Cuatro miembros de la<br />
ONG nacional Consejo Etíope de Derechos<br />
Humanos —Addisu Teferi, Feqadu Negeri,<br />
Roman Waqweya y Bulti Tessema— fueron<br />
detenidos en Neqmte, Oromia.<br />
JUICIOS INJUSTOS<br />
Hubo activistas políticos que se enfrentaron a<br />
juicios injustos por cargos presentados en<br />
virtud de la Proclamación Antiterrorista, que<br />
incluía definiciones excesivamente amplias e<br />
imprecisas de actos terroristas punibles con<br />
hasta 20 años de prisión.<br />
Los dirigentes de la oposición política<br />
Gurmesa Ayano y Beqele Gerba, adjunto a la<br />
dirección del Congreso Federalista Oromo,<br />
fueron algunos de los 22 acusados que se<br />
enfrentaron a un juicio injusto por cargos<br />
presentados en virtud de la Proclamación<br />
Antiterrorista por su participación en la<br />
organización de la protesta de noviembre de<br />
2015 en Oromia. El 11 de mayo, cuando<br />
debían comparecer ante el tribunal, las<br />
autoridades se negaron a llevarlos porque<br />
vestían trajes negros en señal de duelo por<br />
las personas que habían perdido la vida<br />
durante las protestas. Para su siguiente<br />
comparecencia ante el tribunal, el 3 de junio,<br />
las autoridades penitenciarias llevaron a los<br />
acusados al tribunal en ropa interior. Los<br />
acusados se quejaron ante el tribunal de que<br />
los habían golpeado bajo custodia y de que<br />
los funcionarios de la prisión les habían<br />
quitado su ropa. El tribunal no ordenó la<br />
apertura de una investigación sobre sus<br />
denuncias de tortura y otros malos tratos. 4<br />
Desta Dinka, coordinador de Juventud del<br />
Congreso Federalista Oromo, estuvo recluido<br />
en espera de juicio desde el 23 de diciembre<br />
de 2015 hasta mayo de 2016, antes de ser<br />
acusado formalmente en virtud de la<br />
Proclamación Antiterrorista. El tribunal<br />
ordenó su reclusión en espera de juicio. La<br />
ley sólo permitía un máximo de cuatro meses<br />
de detención previa al juicio.<br />
Se negó a Berhanu Tekleyared,<br />
Eyerusalem Tesfaw y Fikremariam Asmamaw<br />
su derecho a la defensa durante su juicio por<br />
cargos relacionados con el terrorismo. Pese a<br />
ello, el 20 de julio fueron declarados<br />
culpables.<br />
IMPUNIDAD<br />
El gobierno rechazó los llamamientos del<br />
ACNUR —la agencia de la ONU para los<br />
refugiados— y de la Comisión Africana de<br />
Derechos Humanos y de los Pueblos para<br />
que se llevaran a cabo investigaciones<br />
independientes e imparciales sobre las<br />
violaciones de derechos humanos cometidas<br />
en el contexto de las protestas en varios<br />
estados regionales.<br />
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES<br />
La policía Liyu, fuerza especial del estado<br />
regional de Somali, en el este de Etiopía,<br />
ejecutó extrajudicialmente a 21 personas en<br />
Jamaa Dhuubed el 5 de junio. Un total de 14<br />
murieron por disparos en la mezquita, y 7 en<br />
otros lugares de la población. Cuando los<br />
familiares de las personas fallecidas llegaron<br />
para celebrar sus funerales y enterrarlas, la<br />
policía Liyu amenazó con matarlos.<br />
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 193