AMNISTÍA INTERNACIONAL

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Los defensores y defensoras de los derechos
humanos fueron juzgados, encarcelados,
hostigados y sometidos a violencia física por
su trabajo pacífico. La destacada abogada de
derechos humanos Sirikan Charoensiri fue
acusada de varios delitos por el desempeño
de su profesión, entre ellos el de sedición, y
se enfrentaba a hasta 15 años de prisión.
Diversas empresas privadas presentaron
causas judiciales o demandas contra
activistas en favor de los derechos
económicos, sociales y culturales, a menudo
por presunta difamación o por violaciones de
la Ley de Delitos Informáticos. Una empresa
minera aurífera había emprendido acciones
judiciales tanto civiles como penales contra al
menos 33 personas que se oponían a sus
actividades. Andy Hall, activista en favor de
los derechos de la población migrante, fue
condenado en septiembre por su
participación en un informe sobre las
violaciones de derechos laborales cometidas
por una empresa frutícola. 7
Quienes defendían los derechos humanos,
sobre todo si trabajaban en cuestiones
relacionadas con la tierra o en organizaciones
comunitarias, eran víctimas de
hostigamiento, amenazas y violencia física.
En abril, unos agresores no identificados
dispararon e hirieron a Supoj Kansong,
activista por el derecho a la tierra de la
comunidad Khlong Sai Pattana (sur de
Tailandia). Ya habían muerto violentamente
cuatro activistas de esa comunidad, pero al
concluir el año nadie había rendido cuentas
por sus muertes. 8 En octubre, la Unidad de
Investigaciones Especiales comunicó a la
familia del abogado de derechos humanos
Somchai Neelapaijit que iba a cerrar, por
falta de pruebas, la investigación sobre su
desaparición forzada, ocurrida en 2004.
CONFLICTOS ARMADOS
El gobierno avanzó poco en las
negociaciones para resolver el conflicto con
los separatistas de etnia malaya del sur de
Tailandia que se perpetuaba desde hacía
decenios. Los insurgentes perpetraron
numerosos ataques contra objetivos militares
y civiles de la región, y ambas partes en el
conflicto fueron acusadas de abusos graves
contra los derechos humanos. Grupos
insurgentes atentaron con bombas contra la
población civil, y en marzo atacaron un
hospital de la provincia de Narathiwat.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Continuaron las torturas, a manos de
militares, de personas sospechosas de estar
vinculadas a los insurgentes del sur o
detenidas por motivos políticos y de
seguridad en cualquier parte del país. Esta
práctica era facilitada por las leyes y órdenes
que permitían a los soldados recluir a
personas en centros de detención no
oficiales durante hasta siete días y sin
supervisión judicial. 9 Según informes, dos
reclutas murieron a causa de presuntas
torturas en campamentos militares. También
se recibieron noticias sobre torturas y otros
malos tratos perpetrados por las fuerzas de
seguridad durante operaciones ordinarias de
mantenimiento del orden. Asimismo, agentes
de policía y soldados cometieron violaciones
de derechos humanos contra personas de
comunidades vulnerables —entre ellas
trabajadores migrantes, minorías étnicas y
presuntos consumidores de drogas— en
comisarías de policía, controles de carretera
y centros de detención no oficiales.
Tailandia estudió nuevas leyes que
penalizarían la tortura y las desapariciones
forzadas.
PERSONAS REFUGIADAS Y
SOLICITANTES DE ASILO
El sistema jurídico no reconocía formalmente
a las personas refugiadas y solicitantes de
asilo, por lo que muchas de ellas quedaban
expuestas a abusos. Las personas que
solicitaban asilo, incluidos niños y niñas, se
enfrentaban a meses o años de detención
indefinida en masificados centros de
detención para inmigrantes. Decenas de
rohingyas permanecían en estos centros
desde su llegada en barco al país durante la
crisis regional de migración de 2015. Las
428 Informe 2016/17 Amnistía Internacional