AMNISTÍA INTERNACIONAL

OMÁN
Sultanato de Omán
Jefe del Estado y del gobierno: sultán Qabús bin Said
al Said
Las autoridades continuaron restringiendo
la libertad de expresión y de asociación, y
detuvieron a personas críticas con el
gobierno y activistas de derechos humanos.
Aunque la mayoría fueron puestas en
libertad al cabo de unos días, algunas de
las personas detenidas fueron enjuiciadas y
encarceladas, lo que creó un ambiente de
autocensura. Las mujeres seguían sufriendo
discriminación en la ley y en la práctica.
Los trabajadores y las trabajadoras
migrantes sufrían explotación y abusos. La
pena de muerte continuaba en vigor; no se
tuvo noticia de ninguna ejecución.
INFORMACIÓN GENERAL
Tras el examen periódico universal de la ONU
de su historial en materia de derechos
humanos en 2015, Omán aceptó algunas de
las recomendaciones formuladas, pero
rechazó otras, como abolir la pena de muerte
y garantizar la libertad de expresión y de
reunión de conformidad con las normas
internacionales.
En marzo, el Comité de la ONU de los
Derechos del Niño instó a Omán a que
pusiera fin al hostigamiento contra los
defensores y defensoras de los derechos
humanos que trabajaban por los derechos de
la infancia y permitiera a las mujeres
omaníes transmitir la nacionalidad a sus hijos
e hijas en pie de igualdad con los hombres.
En junio, el Comité de la ONU para la
Eliminación de la Discriminación Racial
expresó preocupación por las restricciones
del gobierno a las ONG, la discriminación
racial y los derechos de los trabajadores y
trabajadoras migrantes.
El gobierno promulgó un nuevo Código
Penal en abril, así como leyes que prohibían
el blanqueo de dinero y la financiación del
terrorismo.
En enero, las autoridades aceptaron el
traslado de 10 detenidos, todos ellos
ciudadanos yemeníes, del centro de
detención estadounidense de Guantánamo
(Cuba).
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE
ASOCIACIÓN
Las autoridades imponían restricciones a la
libertad de expresión y de asociación. El
personal de los servicios de Seguridad del
Estado detuvo a periodistas de Internet y de
medios impresos, a blogueros y a otras
personas. La mayoría de los detenidos fueron
interrogados y quedaron en libertad sin
cargos al cabo de unos días, pero al menos
ocho personas fueron condenadas a prisión
por la expresión pacífica de sus opiniones, en
aplicación de disposiciones formuladas de
manera imprecisa sobre orden público,
insultos y seguridad nacional.
Entre ellas estaban Hassan al Basham, ex
diplomático condenado en febrero a tres
años de cárcel por publicaciones hechas en
Facebook que según las autoridades
insultaban a Dios y al sultán; Naser al
Busaidi, cuya condena a un año de prisión
por criticar a funcionarios confirmó el
Tribunal de Apelación de Nizwa en febrero, y
Sayyid Abdullah al Darouri, a quien en
febrero redujeron a 6 meses la condena de
18 meses que le había sido impuesta por
cargos de sedición y contra el orden público
en 2015.
En mayo, tras un indulto del sultán, las
autoridades excarcelaron al ex parlamentario
Talib al Mamari, que cumplía una condena
de cuatro años de prisión impuesta tras un
juicio injusto en 2014 en relación con una
manifestación por el medio ambiente.
En agosto, las autoridades pusieron en
libertad a Saeed Jaddad, bloguero y preso de
conciencia encarcelado tras haber sido
declarado culpable en sendas causas en
septiembre y noviembre de 2015. 1
También en agosto, las autoridades
cerraron el diario Azamn y detuvieron y
enjuiciaron al director y a dos de sus
periodistas después de que la publicación
difundiera artículos que denunciaban
340 Informe 2016/17 Amnistía Internacional