AMNISTÍA INTERNACIONAL

a un abogado y a sus familias. Algunas
personas detenidas sufrieron tortura y otros
malos tratos. En febrero la familia de una
persona detenida denunció haber visto a
unos guardias golpearla en el centro de
detención de la Oficina de Seguridad Política
de Saná.
Las fuerzas que se oponían a los huzíes y
sus aliados llevaron a cabo una campaña de
hostigamiento e intimidación contra el
personal hospitalario y pusieron en peligro a
civiles al emplazar combatientes y posiciones
militares en las proximidades de
instalaciones médicas, especialmente
durante los combates en la ciudad
meridional de Taiz. Se cerraron al menos tres
hospitales debido a amenazas contra su
personal.
Los huzíes y sus aliados también limitaban
la libertad de asociación en las zonas
sometidas a su administración de facto.
Violaciones del derecho internacional
cometidas por la coalición dirigida por Arabia
Saudí
La coalición internacional que apoyaba al
gobierno del presidente Hadi siguió
cometiendo con impunidad violaciones
graves del derecho internacional de los
derechos humanos y del derecho
internacional humanitario. El bloqueo
marítimo y aéreo parcial impuesto por la
coalición restringió aún más la importación
de alimentos y otros productos de primera
necesidad, agravando la crisis humanitaria
causada por el conflicto, e impidió la llegada
de vuelos comerciales a Saná.
Los aviones de la coalición bombardearon
zonas controladas o disputadas por las
fuerzas huzíes y sus aliados, sobre todo en
las gobernaciones de Saná, Hayyah,
Hudayda y Saada, matando e hiriendo a
miles de civiles. Muchos ataques de la
coalición estaban dirigidos contra objetivos
militares, pero otros fueron indiscriminados,
desproporcionados o tuvieron como blanco la
población civil y bienes de carácter civil,
como lugares donde se celebraban funerales,
hospitales, escuelas, mercados y fábricas. La
coalición dirigió algunos de sus ataques
contra infraestructuras clave, como puentes,
instalaciones de abastecimiento de agua y
torres de telecomunicaciones. En agosto, un
ataque destruyó el principal puente de
carretera entre Saná y Hudayda. Algunos de
los ataques de la coalición constituyeron
crímenes de guerra.
En agosto, la ONG humanitaria Médicos
sin Fronteras (MSF) declaró que había
perdido la confianza en la capacidad de la
coalición para evitar estos ataques letales.
MSF retiró a su personal de seis hospitales
del norte de Yemen después de que aviones
de la coalición bombardearan un hospital
apoyado por la ONG, por cuarta vez en un
año, matando a 19 personas e hiriendo a 24.
A principios de diciembre, el Equipo
Conjunto de Evaluación de Incidentes,
creado por la coalición dirigida por Arabia
Saudí para investigar presuntas violaciones
del derecho internacional cometidas por sus
fuerzas, concluyó que el ataque había sido
un “error involuntario”. La declaración
pública del Equipo Conjunto contradecía las
investigaciones de MSF, que concluyeron
que el incidente no había sido consecuencia
de un error, sino de hostilidades llevadas a
cabo sin respetar el carácter protegido de los
hospitales y las estructuras civiles.
Según la ONU, el 21 de septiembre, un
ataque aéreo de la coalición contra una zona
residencial de la ciudad de Hudayda mató a
26 civiles, 7 niños y niñas entre ellos, e hirió
a otros 24. El 8 de octubre, otro ataque aéreo
de la coalición mató a más de 100 personas
que asistían a un funeral en Saná e hirió a
más de 500. Aunque inicialmente la
coalición negó su responsabilidad en este
ataque, tras las críticas internacionales la
reconoció, declarando que se había
efectuado sobre la base de “información
incorrecta” y que sancionaría a los
responsables.
Las fuerzas de la coalición usaron también
en algunos ataques munición poco precisa,
como bombas de fabricación estadounidense
y británica de gran tamaño y amplio radio de
acción, que causaban víctimas y destrucción
más allá de los puntos donde impactaban
directamente. Asimismo, siguieron usando
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 469