AMNISTÍA INTERNACIONAL

En mayo, las mismas autoridades amputaron
los dedos de la mano a otro hombre
declarado culpable de robo. En agosto, un
funcionario judicial de Teherán anunció que
varios hombres habían recurrido contra su
condena de amputación de cuatro dedos de
una mano. En diciembre, las autoridades
judiciales de la Prisión Central de Urmía
amputaron cuatro dedos de la mano derecha
a dos hermanos declarados culpables de
robo a mano armada.
JUICIOS INJUSTOS
Los juicios, incluidos aquellos en los que se
imponían condenas a muerte, eran
generalmente injustos. El poder judicial no
era independiente. El Tribunal Especial para
el Clero y los tribunales revolucionarios
continuaban siendo especialmente
propensos a recibir presión de las fuerzas de
seguridad y los servicios de inteligencia para
que dictasen sentencias condenatorias e
impusieran penas severas.
Las autoridades que ejercían facultades
judiciales, en especial las del Ministerio de
Inteligencia y la Guardia Revolucionaria,
violaban sistemáticamente las disposiciones
sobre el debido proceso contenidas en el
Código de Procedimiento Penal de 2015,
como las que protegían el derecho a
asistencia letrada desde el momento de la
detención y durante la investigación y el
derecho a guardar silencio. Con frecuencia
se negaba a los abogados defensores el
acceso pleno al sumario y se les impedía
reunirse con las personas a las que
representaban hasta poco antes del juicio.
Los presos preventivos eran sometidos a
menudo a reclusión prolongada en régimen
de aislamiento, con poco o ningún acceso a
sus familias y abogados. Se utilizaban
“confesiones” obtenidas mediante tortura
como prueba en los juicios. Era frecuente
que los jueces dictaran sentencias sin
fundamentar, y el poder judicial no daba a
conocer públicamente las resoluciones de los
tribunales.
La fiscalía aplicaba el artículo 48 del
Código de Procedimiento Penal para impedir
que los detenidos tuvieran acceso a un
abogado de su elección, alegando que
éste no estaba en la lista de letrados
aprobados por el presidente de la
Magistratura, a pesar de que no se había
publicado ninguna lista oficial.
Varias personas de nacionalidad extranjera
e iraníes de doble nacionalidad estaban
recluidas en la prisión de Evin de Teherán
con poco o ningún acceso a sus familias, a
abogados y a funcionarios consulares. Todas
ellas habían sido condenadas a largas penas
de cárcel por cargos imprecisos como
“colaborar con un gobierno hostil” en juicios
manifiestamente injustos ante los tribunales
revolucionarios. Las autoridades las habían
acusado de estar implicadas en un “proyecto
de infiltración” orquestado en el extranjero,
encaminado al “derrocamiento blando” del
gobierno de Irán, aunque, en realidad, las
sentencias condenatorias parecían derivarse
del ejercicio pacífico de su derecho a la
libertad de expresión y de asociación.
LIBERTAD DE RELIGIÓN O DE
CREENCIAS
Los miembros de minorías religiosas —como
las comunidades bahaí, sufí y yaresaní (Ahl e
Haq), las personas conversas al cristianismo
y los musulmanes suníes— sufrían
discriminación en la legislación y en la
práctica en aspectos como la educación, el
empleo y la herencia, y eran perseguidos por
practicar su fe.
Las autoridades hicieron un discurso de
odio y permitieron la comisión con
impunidad de crímenes de odio contra la
minoría bahaí, además de enjuiciar y
encarcelar a decenas de personas
pertenecientes a ella acusándolas de cargos
falsos, relacionados con la seguridad
nacional, por practicar pacíficamente sus
creencias religiosas. No se investigaron las
denuncias de tortura de 24 bahaíes en la
provincia de Golestán. Las autoridades
clausuraron por la fuerza decenas de
negocios de propiedad bahaí y detuvieron a
estudiantes bahaíes que las habían criticado
públicamente por negarles el acceso a la
educación superior.
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 247