AMNISTÍA INTERNACIONAL

en Cisjordania para reprimir protestas
palestinas y detener y enjuiciar a
manifestantes y a defensores y defensoras de
los derechos humanos. Tras la protesta anual
celebrada en Hebrón el 26 de febrero con el
lema “Abran la calle Shuhada”, las
autoridades enjuiciaron a los defensores de
los derechos humanos Issa Amro y Farid al
Atrash por cargos como participar en una
marcha sin autorización y entrar en una zona
militar cerrada. Al parecer fueron enjuiciados
por el ejercicio pacífico de su derecho a la
libertad de expresión y de reunión pacífica.
Issa Amro se enfrentaba también a cargos
derivados de su activismo pacífico en años
anteriores.
Tras filmar la ejecución extrajudicial de
Abed al Fatah al Sharif por un soldado israelí
el 24 de marzo en Hebrón, Imad Abu
Shamsiyeh, voluntario de B’Tselem, recibió
durante meses amenazas de muerte de
israelíes de los asentamientos ilegales
próximos. Cuando trató de presentar una
denuncia en agosto, la policía lo rechazó y
amenazó con detenerlo.
Palestinos y personas de nacionalidad
extranjera que ayudaban a ONG de derechos
humanos como Al Haq con su trabajo en
relación con la Corte Penal Internacional
recibieron amenazas de muerte.
Varias destacadas organizaciones israelíes
de derechos humanos, como Romper el
Silencio, B’Tselem y Amnistía Internacional
Israel, y su personal sufrieron una campaña
del gobierno destinada a socavar su labor.
En mayo, las autoridades acusaron al ex
denunciante de irregularidades de índole
nuclear y preso de conciencia Mordechai
Vanunu de violar las severas y arbitrarias
restricciones de su derecho a la libertad de
circulación y de expresión que le habían
impuesto. La causa seguía abierta al final del
año.
DERECHO A LA VIVIENDA: DESALOJOS
FORZOSOS Y DEMOLICIONES
En Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental,
las autoridades israelíes demolieron 1.089
viviendas y otras estructuras construidas sin
permiso israelí —un número de demoliciones
sin precedentes—, sometiendo a más de
1.593 personas a desalojo forzoso. Los
permisos seguían siendo prácticamente
imposibles de obtener para la población
palestina. Muchas de las demoliciones se
llevaron a cabo en comunidades beduinas y
de pastores que las autoridades israelíes
planeaban trasladar en contra de la voluntad
de sus habitantes. Las autoridades también
infligieron castigos colectivos a las familias de
palestinos que habían cometido ataques
contra israelíes, demoliendo o haciendo
inhabitables 25 viviendas palestinas y
sometiendo a sus ocupantes a desalojo
forzoso.
Además, demolieron centenares de
viviendas y otras estructuras palestinas en
Israel por considerar que habían sido
construidas sin permiso, la mayoría en
pueblos beduinos de la región del Néguev/
Naqab. Muchos eran pueblos “no
reconocidos” oficialmente.
IMPUNIDAD
Más de dos años después del final del
conflicto de Gaza e Israel de 2014, en el que
habían muerto alrededor de 1.460 civiles
palestinos, muchos en ataques
manifiestamente ilegítimos, crímenes de
guerra incluidos, las autoridades israelíes
sólo habían dictado auto de procesamiento
contra tres soldados por saqueo y
obstrucción de una investigación. En agosto,
el procurador general militar anunció el cierre
de las investigaciones sobre 12 incidentes, a
pesar de los indicios de que algunos debían
investigarse como crímenes de guerra. Las
investigaciones militares de Israel no eran
independientes ni imparciales, y no permitían
hacer justicia.
En una decisión excepcional, las fuerzas
armadas israelíes investigaron, dictaron auto
de procesamiento y juzgaron a Elor Azaria,
soldado de quien se habían tomado
imágenes en el momento de cometer la
ejecución extrajudicial a tiros de un palestino
herido en Hebrón. Se esperaba que se
dictara la sentencia en enero de 2017. La
mayoría de los miembros de las fuerzas
israelíes responsables de homicidios
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 255