AMNISTÍA INTERNACIONAL

información publicada en medios de
comunicación, unas 200 personas —en su
mayoría activistas y simpatizantes de la
oposición— fueron llevadas a comisarías de
policía sin estar formalmente detenidas.
Algunos activistas denunciaron que la policía
se había presentado en sus hogares, había
amenazado a sus familiares con detenerlos y
había practicado registros ilegales. Tras ser
interrogados y permanecer recluidos en
comisarías de policía, algunos más de 12
horas, quedaron en libertad sin cargos. No se
les permitió comunicar su paradero a sus
familiares ni tener acceso a sus abogados.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Los informes sobre tortura y otros malos
tratos infligidos por la policía y en centros de
detención seguían siendo generalizados.
En febrero, las autoridades de la prisión de
Nubarashen obligaron al activista
encarcelado Vardges Gaspari a someterse a
un examen psiquiátrico después de que las
hubiera acusado de ordenar a sus
compañeros de celda que lo amenazaran,
lo golpearan y le derramaran agua fría por
encima.
Durante los sucesos de julio, varios
activistas denunciaron que habían sido
privados de agua, medicamentos y la
asistencia médica necesaria tras ser
detenidos por la policía por participar en las
manifestaciones; algunos estuvieron más de
12 horas recluidos sin cargos. Varias
personas denunciaron que habían sufrido
brutales palizas u otros malos tratos en el
momento del arresto y ya bajo custodia, y
que se les había impedido comunicar su
paradero a sus familiares y abogados.
DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
En julio, el gobierno reformó la legislación
sobre el aborto para prohibir el aborto
selectivo en razón del sexo entre las semanas
12ª y 22ª de gestación. La nueva legislación
establecía un periodo de espera y
asesoramiento de tres días que las mujeres
estaban obligadas a respetar tras concertar la
cita inicial para el aborto. Algunos grupos de
mujeres expresaron preocupación por que
ese periodo de espera pudiera utilizarse para
disuadir a las mujeres de someterse a un
aborto y ocasionara un aumento de la
corrupción y los abortos con riesgo y, por
consiguiente, de la mortalidad materna.
Según datos del Fondo de Población de las
Naciones Unidas, los abortos selectivos por
razones de sexo eran prevalentes en
Armenia.
AUSTRALIA
Australia
Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por Sir
Peter Cosgrove
Jefe del gobierno: Malcolm Turnbull
El sistema de justicia seguía sin proteger a
las personas indígenas, en particular a los
niños y niñas, y había elevadas tasas de
encarcelación e informes de abusos y
muertes bajo custodia. Australia mantuvo
su política de mano dura confinando a las
personas solicitantes de asilo en centros de
tramitación de ultramar en Papúa Nueva
Guinea y Nauru, y rechazando a quienes
intentaban llegar al país por mar. Las
medidas antiterroristas violaban derechos
humanos básicos.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
Los menores indígenas tenían 24 veces más
probabilidades de ser detenidos que los no
indígenas. Pese a que el Comité de los
Derechos del Niño de la ONU recomendaba
que la mayoría de edad penal se estableciera
internacionalmente en los 12 años, en
Australia estaba fijada en los 10. Salvo en
Tasmania, en todos los estados había
detenidos niños y niñas de 10 u 11 años, de
los cuales cerca del 75% eran indígenas.
En el estado de Queensland se juzgaba a
adolescentes de 17 años como si fueran
adultos y se los encarcelaba junto a ellos, en
contravención del artículo 37.c de la
Convención de la ONU sobre los Derechos
del Niño. En noviembre, el gobierno de este
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 89