AMNISTÍA INTERNACIONAL

Baluchi y Mustafa al Hawsawi— habían
permanecido incomunicados hasta cuatro
años bajo custodia secreta de Estados
Unidos antes de ser trasladados a
Guantánamo en 2006. El juicio no había
comenzado al finalizar 2016.
También continuaron los procedimientos
preliminares ante comisión militar contra Abd
al Rahim al Nashiri. En 2011 se había
ordenado su juicio por un delito punible con
la muerte en relación con el intento de
atentado con bomba cometido en el año
2000 contra el buque estadounidense USS
The Sullivans y con los atentados con
bombas contra el también estadounidense
USS Cole, ese mismo año, y el superpetrolero
francés Limburg, en 2002, todos ellos
perpetrados en Yemen. Abd al Rahim al
Nashiri había estado casi cuatro años bajo
custodia secreta de la CIA antes de ser
trasladado a Guantánamo en 2006. En
agosto de 2016, la Corte de Apelaciones del
Circuito del Distrito de Columbia resolvió que
la sentencia sobre su alegación de que los
delitos que se le imputaban no eran
enjuiciables ante comisión militar porque no
se habían cometido en un contexto de
hostilidades ni guardaban relación con ellas
debía esperar hasta la etapa de apelación
final del caso, algo que probablemente
tardaría aún diez años.
Omar Khadr —que en 2010 se había
declarado culpable de los cargos formulados
contra él en virtud de la Ley de Comisiones
Militares por su conducta en Afganistán en
2002, cuando tenía 15 años, y que en 2012
había sido transferido a su país natal
(Canadá)— pidió la recusación de uno de los
jueces del Tribunal de Revisión de las
Comisiones Militares por falta de
imparcialidad. La Corte de Apelaciones del
Circuito del Distrito de Columbia rechazó la
solicitud tras determinar una vez más que el
pronunciamiento sobre la recusación debía
esperar a la decisión sobre el recurso final de
apelación.
Durante el año, el recurso de apelación de
Omar Khadr ante el Tribunal de Revisión de
las Comisiones Militares contra su sentencia
condenatoria, que entre otras alegaciones
incluía que se había declarado culpable de
delitos que no constituían crímenes de
guerra enjuiciables ante comisión militar, se
mantuvo en suspenso a la espera del fallo de
la Corte de Apelaciones sobre el caso del
detenido de Guantánamo Ali Hamza Suliman
al Bahlul, que cumplía una condena a
cadena perpetua impuesta en 2008 en virtud
de la Ley de Comisiones Militares de 2006.
En 2015, una sala de tres jueces de la Corte
había anulado la sentencia condenatoria
dictada contra Ali Hamza Suliman al Bahlul
por conspiración para cometer crímenes de
guerra, por considerar que el cargo no estaba
reconocido en el derecho internacional y no
podía ser enjuiciado por un tribunal militar. El
gobierno consiguió que el caso fuera revisado
por la Corte en pleno, que, en octubre de
2016, confirmó la sentencia condenatoria por
conspiración en una votación dividida, en la
que hubo cinco votos particulares y no se
resolvió la cuestión principal. De los nueve
jueces de la Corte, dos juezas y un juez
discreparon, alegando que el Congreso no
tenía competencia para tipificar la
conspiración como delito enjuiciable ante
comisión militar y recalcando que “por
mucha deferencia que el poder judicial deba
al poder ejecutivo en asuntos de seguridad
nacional y defensa, no es absoluta”. Un juez
y una jueza suscribieron un voto particular en
el que afirmaban que no había lugar a
decidir sobre la cuestión principal por
motivos de procedimiento relativos
exclusivamente al caso de Ali Hamza
Suliman al Bahlul.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
Las autoridades seguían sin registrar la cifra
exacta de personas muertas durante el año a
manos de funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley; la documentación recabada
por los medios de comunicación arrojaba
una cifra de cerca de 1.000 víctimas
mortales. El Departamento de Justicia de
Estados Unidos anunció planes para crear un
sistema de registro de dichas muertes, en
virtud de la Ley de Denuncias de Muertes
bajo Custodia, cuya aplicación estaba
prevista para 2017. No obstante, el programa
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 187