AMNISTÍA INTERNACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL
Las autoridades prorrogaron el estado de
excepción, que estaba en vigor en todo el
país desde noviembre de 2015, y en febrero
anunciaron que habían finalizado la
construcción de un muro de seguridad a lo
largo de la frontera con Libia. No obstante,
en las zonas fronterizas continuaron los
enfrentamientos armados entre fuerzas
gubernamentales y miembros del grupo
armado Estado Islámico radicados en Libia.
El 7 de marzo murieron al menos 68
personas, 7 civiles entre ellas, en
enfrentamientos que se produjeron al repeler
las fuerzas gubernamentales un ataque del
Estado Islámico contra bases militares y una
comisaría en la localidad fronteriza
meridional de Ben Guerdane. Continuaron
los enfrentamientos entre grupos armados y
las fuerzas de seguridad en la frontera con
Argelia, y hubo víctimas mortales en ambos
bandos.
En octubre se anunciaron los
nombramientos de los nuevos miembros del
Consejo Judicial Supremo, responsable de la
selección, el nombramiento, el traslado, el
cese, la disciplina y la formación de jueces y
fiscales, así como de nombrar a un tercio de
los miembros del Tribunal Constitucional, que
pudo crearse finalmente, una vez formado el
Consejo.
El Parlamento aprobó un proyecto de ley
que penalizaba la discriminación racial y de
otra índole, aunque al concluir el año aún no
se había promulgado.
El Comité contra la Tortura y el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de la ONU examinaron en mayo y
septiembre, respectivamente, el historial de
Túnez en materia de derechos humanos. El
Subcomité de la ONU para la Prevención de
la Tortura visitó Túnez en abril.
JUSTICIA TRANSICIONAL
La Comisión de la Verdad y la Dignidad,
instituida para abordar los delitos políticos,
sociales y económicos e investigar las
violaciones de derechos humanos cometidos
entre el 1 de julio de 1955 y diciembre de
2013, informó en junio de que había recibido
más de 62.000 denuncias sobre una gran
diversidad de violaciones de derechos
humanos, como detenciones arbitrarias,
tortura, juicios injustos, violencia sexual y
discriminación religiosa y étnica. El 17 de
noviembre la Comisión celebró sus primeras
audiencias públicas.
El Parlamento reanudó en junio el estudio
de un polémico anteproyecto de ley que
concedía inmunidad procesal en el caso de
algunos delitos económicos. El debate de la
propuesta legislativa, presentada por el
presidente Esebsi, se había suspendido en
2015 tras las protestas lideradas por el
movimiento popular Manich Msameh (“No
perdonaré”). De ser aprobada, la ley
ofrecería a funcionarios y directivos de
empresas acusados de corrupción y
malversación durante el gobierno del ex
presidente Zin el Abidín ben Alí una amnistía
e inmunidad frente a un nuevo
procesamiento si devolvían el producto de
sus delitos. Sus disposiciones sobre
inmunidad procesal también socavaban las
investigaciones del proceso de justicia
transicional. Al concluir el año no se había
promulgado la ley.
DETENCIÓN Y RECLUSIÓN ARBITRARIAS
Y LIBERTAD DE CIRCULACIÓN
Las autoridades utilizaron las atribuciones del
estado de excepción para practicar miles de
detenciones y registros domiciliarios, en
muchos casos sin orden judicial. Sometieron
a cientos de personas a arresto domiciliario
administrativo, residencia forzosa,
prohibiciones de viajar o restricciones a la
libertad de circulación, medidas que
limitaban sus derechos sociales y
económicos, incluido el derecho al trabajo.
SEGURIDAD Y MEDIDAS
ANTITERRORISTAS
Agentes de seguridad hostigaron e
intimidaron reiteradamente a numerosos
familiares de presuntos miembros o
simpatizantes de grupos armados con
medidas como irrumpir en sus casas y
registrarlas, someterlos a amenazas e
438 Informe 2016/17 Amnistía Internacional