Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe: recuperación en un contexto de incertidumbre

156 Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
La política ambiental, por su parte, constituye un elemento indispensable para generar
un cambio estructural sostenible en el espacio rural. Se incluyen aquí instrumentos
como el apoyo a la gestión de residuos y a la investigación para la adaptación al cambio
climático y la mitigación de sus efectos, al igual que los programas orientados a medir,
certificar y reducir la huella ambiental, incluida la huella de carbono, de la exportación
(Frohmann, 2017). Este tipo de acciones, además de generar un importante dividendo
ambiental, tienen también un claro vínculo con la competitividad exportadora del sector
agropecuario, dado que cada vez más los mercados internacionales (particularmente
en los países desarrollados) demandan conocer el impacto ambiental de los alimentos
importados (Frohmann y otros, 2012). Este es un tema de particular importancia para la
región; el actual modelo agroexportador ha tenido diversas consecuencias ambientales
negativas, en particular la deforestación causada por la expansión de la superficie
dedicada al cultivo de la soja y a la ganadería.
Las políticas para el fomento productivo son la categoría más amplia dentro
de la política industrial rural, e incluyen seis áreas de intervención: i) productividad;
ii) comercialización; iii) educación y capacitación; iv) acceso al financiamiento; v) ciencia,
tecnología e innovación (CTI), y vi) articulación productiva. Se ubican aquí instrumentos
como el apoyo a la obtención de certificaciones internacionales, los programas de
capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y gestión
de negocios, la promoción de fondos de capital generador y capitales de riesgo, el
fortalecimiento de los sistemas de innovación agroalimentarios, el uso estratégico
de las herramientas de propiedad intelectual (por ejemplo, las denominaciones de
origen) y los incentivos a la formación de aglomeraciones productivas agroindustriales
(clusters), entre otros 8 .
Como demuestran los datos de que se dispone, a los países de la región aún les queda
un largo camino por recorrer para sofisticar su oferta exportadora agropecuaria y agroindustrial,
y ello requerirá políticas industriales y tecnológicas más activas que las desplegadas hasta
ahora (véase, por ejemplo, Solleiro y otros, 2017). Evidentemente, como es el caso de la
política industrial en sentido amplio, no existen soluciones únicas en materia de política
industrial para el sector agroexportador. La combinación de instrumentos que se emplee
dependerá de las circunstancias de cada país, incluidas, entre otras variables, la estructura
del sector y las capacidades institucionales, financieras y tecnológicas existentes.
2. Los acuerdos comerciales son importantes
a la hora de mejorar el acceso a mercados
altamente protegidos
Debido a su alto grado de sensibilidad para la mayoría de los países, el sector agropecuario
ha constituido históricamente un caso excepcional en el sistema multilateral de comercio.
Durante casi medio siglo, entre la entrada en vigor del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT) en 1948 y la creación de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) en 1995, este sector estuvo al margen de las normas generales que se aplicaban
al comercio de manufacturas. Pese a los avances registrados desde su incorporación a
las normas de la OMC durante la Ronda Uruguay (1986-1994), el comercio agrícola sigue
estando sujeto a mayores barreras que el comercio de manufacturas, productos mineros
y combustibles (Herreros, 2016).
Los aranceles que se aplican a los productos agropecuarios son, en promedio,
más altos que los de otros sectores (véase el gráfico III.21) y pueden llegar a niveles
8
Véase un listado de los instrumentos correspondientes a cada área en el cuadro II.8 de Padilla y Quiroz (2017).