REVISTA PESCA ENERO 2018

PONER UN FRENO AL FLAGELO DE
LA PESCA ILEGAL
Roberto García Moritán
El lamentable incidente del submarino ARA San Juan,
que según fuentes periodísticas estaba en tareas complementarias
para el control de la pesca ilegal, resalta la
importancia de los esfuerzos para detener la enorme
operación de barcos extranjeros que no siempre faenan
de forma legal. El flagelo es cada día más preocupante
y es una cuestión que afecta a toda América Latina y
pone en evidencia la necesidad de una acción diplomática
concertada más activa a nivel regional contra la pesca
ilegal, no reglamentada y no declarada (INDNR). Es
el caso del calamar en Argentina y Perú, el atún en Chile,
el tiburón en Colombia y Ecuador o la totoaba en México.
En todos los casos, las fotos satelitales nocturnas
muestran las luces de grandes flotas en lo que aparecen
como ciudades flotantes en medio del océano para
atraer a los moluscos.
La cooperación internacional, medidas de obligado cumplimiento
para el control de los puertos, así como un
registro global de barcos pesqueros y un régimen de
sanciones adecuado, están entre las herramientas y planes
de acción que América Latina debería poner urgentemente
en marcha para erradicar el problema de la
pesca ilegal y el saquero sistemático de los recursos
marinos. La Organización Latinoamericana de Desarrollo
Pesquero (OLDEPESCA) así lo ha recomendado para enfrentar
un tema que tiene, entre otros, consecuencias
económicas. Relevamientos de la FAO indican, por
ejemplo, que en la zona sur del Océano Atlántico se
pesca anualmente aproximadamente 1.800.000 toneladas
de distintas especies. De ese monto Argentina captura
unas 800 mil toneladas. El cálculo permite apreciar
que han sido más de 300 barcos extranjeros los que
extrajeron el millón de toneladas restantes.
Organizaciones internacionales como la FAO han advertido
también que los barcos pesqueros extranjeros no
cumplen ningún requisito ambiental, laboral ni de seguridad.
Es necesario sacar tarjeta amarilla para los Estados
que no colaboren con las prácticas de trazabilidad
internacional de la pesca y los productos pesqueros. Si
se ignora esta advertencia esos países deberían enfrentar
una prohibición total del comercio pesquero bajo un
escenario de tarjeta roja. Ya no es posible seguir admitiendo
un cuadro de situación que afecta el ecosistema.
Tampoco que las aguas más allá de las 200 millas puedan
ser una carta patente para la violación de los derechos
humanos.
Barcos pesqueros de Europa y Asia se encuentran principalmente
en el foco de atención en materia de pesca
ilegal. China, que tiene la mayor flota pesquera de ultramar
del mundo, es un caso de comportamiento preocupante.
Según la Universidad Tecnológica de Nanyang
cuenta con 2460 embarcaciones que desarrollan la mayor
parte de la actividad pesquera en el oeste de África
y en América Latina. Solo la mitad de lo que pesca China
es para consumo doméstico, el resto se exporta mayormente
a la Unión Europea, Japón y Estados Unidos
según un reciente informe del Wilson Center titulado
Fishing for Answers.
De acuerdo a la FAO la pesca ilegal en el mundo representa
26 millones de toneladas al año (que equivale al
28% del total de las capturas globales) valoradas en
aproximadamente 23 mil millones de dólares. Esas cifras
dan una idea de un problema que adquiere mayor dimensión
si se tiene en cuenta que el 90% de las pesquerías
del mundo están en riesgo, el 31% sobreexplotado,
el 58% plenamente explotado y el 10% restante
se extrae bajo su límite. Consecuentemente, es hora de
poner un freno definitivo al flagelo que representa la
pesca ilegal en América Latina.
Fuente
https://www.clarin.com/opinion/poner-freno-flagelopesca-ilegal_0_SkPFYplgG.html
Revista Pesca Enero 2018 51