REVISTA PESCA ENERO 2018

trabajar las minas, no demoraron en abalanzarse sobre
las tierras cuando los cultivos ofrecieron ganancias
tentadoras. El despojo continuó todo a lo largo del
tiempo, y en 1969, cuando se anunció la reforma agraria
en el Perú, todavía los diarios daban cuenta, frecuentemente,
de que los indios de las comunidades
rotas de la sierra invadían de tanto en tanto, desplegando
sus banderas, las tierras que habían sido robadas
a ellos o a sus antepasados, y eran repelidos a balazos
por el ejército. Hubo que esperar casi dos siglos desde
Túpac Amaru para que el general nacionalista Juan Velasco
Alvarado recogiera y aplicara aquella frase del cacique, de resonancias
inmortales: «¡Campesino! ¡El patrón ya no comerá
más tu pobreza!».
Los turistas adoran fotografiar a los indígenas del altiplano
vestidos con sus ropas típicas. Pero ignoran que la actual vestimenta
indígena fue impuesta por Carlos III a fines del siglo
XVIII. Los trajes femeninos que los españoles obligaron a usar
a las indígenas eran calcados de los vestidos regionales de las
labradoras extremeñas, andaluzas y vascas, y otro tanto ocurre
con el peinado de las indias, raya al medio, impuesto por el
virrey Toledo. No sucede lo mismo, en cambio, con el consumo
de coca, que no nació con los españoles; ya existía en
tiempos de los incas. La coca se distribuía, sin embargo, con
mesura; el gobierno incaico la monopolizaba y sólo permitía su
uso con fines rituales o para el duro trabajo en las minas. Los
españoles estimularon agudamente el consumo de coca.
Era un espléndido negocio. En el siglo XVI se gastaba
tanto, en Potosí, en ropa europea para los opresores como en
coca para los oprimidos. Cuatrocientos mercaderes españoles
vivían, en el Cuzco, del tráfico de coca; en las minas de
plata de Potosí entraban anualmente cien mil cestos, con un
millón de kilos de hojas de coca. La Iglesia extraía impuestos
a la droga. El inca Garcilaso de la Vega nos dice, en sus
«comentarios reales», que la mayor parte de la renta del obispo
y de los canónigos y demás ministros de la iglesia del Cuzco
provenía de los diezmos sobre la coca, y que el transporte y
la venta de este producto enriquecían a muchos españoles.
Con las escasas monedas que obtenían a cambio de su trabajo,
los indios compraban hojas de coca en lugar de comida:
masticándolas, podían soportar mejor, al precio de abreviar la
propia vida, las mortales tareas impuestas. Además de la coca,
los indígenas consumían aguardiente, y sus propietarios se
quejaban de la propagación de los «vicios maléficos».
Desterrados en su propia tierra, condenados al éxodo eterno,
los indígenas de América Latina fueron empujados hacia las
zonas más pobres, las montañas áridas o el fondo de los desiertos,
a medida que se extendía la frontera de la civilización
dominante. Los indios han padecido y padecen –síntesis del
drama de toda América Latina– la maldición de su propia riqueza”
Marcos Kisner Bueno
Presidente de la revista Pesca
Una causa económica del acelerado deterioro de los stocks de los recursos pesqueros es que a la fecha
algunos los recursos pesqueros se entregan a los industriales a una tasa de derechos de pesca sumamente
baja, y otros totalmente gratis. Algunos recursos como la anchoveta y la merluza generan un pago al
Estado por su extracción, llamado derecho de pesca. Pero el volumen de las exportaciones de harina de
pescado no guarda equidad con el pago que hacen por derecho de pesca de extracción de anchoveta.
Los recursos artesanales no están obligados al pago de derechos de pesca porque así se estableció en la
Ley General de Pesca, promulgada en un contexto promotor de la actividad extractiva, que ya no es válido
en las circunstancias actuales.
Si los costos de producción son artificialmente rebajados, por ejemplo, gracias a derechos de pesca bajos
o gratuitos, entonces se permite la existencia de grupos económicos que tienen acceso gratuito o muy
barato a los recursos pesqueros.
Por tanto, permanecerán en operación volúmenes de inversión por encima y más allá de un criterio de
eficiencia. En cambio, si se impusiera un royalty o una tasa más alta a los derechos de pesca por el uso
de recursos pesqueros, subirían los costos de producción, y debieran hacerlo en forma proporcional al
ingreso por ventas, al impacto sobre el ecosistema y a la necesidad de mantener una biomasa estable
entendida dentro de un concepto ecosistémico.
Revista Pesca Enero 2018 66