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Las piezas que configuran el puzle de la innovación nacional
■ Registro de la propiedad.
■ Obtención de crédito.
■ Protección de inversores.
■ Pago de impuestos.
■ Comercio transfronterizo.
■ Cumplimiento de contratos.
■ Cierre del negocio.
Entre estos factores cabe destacar el empleo de trabajadores. El principal activo de
una empresa innovadora es la calidad de las personas que forman parte de ella, por
lo que el mercado laboral debe ser flexible. El exceso de burocracia para realizar
contratos y los costes del despido son factores que limitan la contratación de
personal. La protección laboral no debe consistir en dificultar el despido, sino en
ayudar a los desempleados. De esta manera se dinamiza la circulación de
profesionales por las distintas empresas y, con ello, la difusión de información y
conocimiento. Esta difusión es uno de los factores clave en el desarrollo de la
innovación, puesto que la mezcla de ideas en entornos distintos fomenta la
creatividad y la innovación. No obstante, si el talento necesario no existe en una
determinada región y no puede traerse de fuera, la empresa deberá trasladarse
para su búsqueda. Por eso las políticas de inmigración deben ofrecer a las empresas
esta flexibilidad reduciendo la burocracia, los costes y el tiempo necesarios para la
obtención de talento exterior. Un mercado laboral y unas políticas de inmigración
flexibles darán lugar a un mercado del talento abierto que facilitará no sólo la
entrada de profesionales sino también su permanencia en la región una vez dentro.
La protección de la propiedad intelectual es otro factor especialmente importante
para una empresa innovadora. La innovación no puede ser rentable si los nuevos
productos y servicios no cuentan con protección. Las empresas farmacéuticas son
un claro ejemplo de esto. Realizan grandes inversiones en I+D para lanzar nuevos
medicamentos y la rentabilidad depende del éxito de un número limitado de ellos,
pero una vez lanzado un producto, los genéricos aparecen prácticamente de
manera instantánea. Sin la protección de las patentes, la industria farmacéutica
no podría soportar su gran inversión en I+D y la evolución en la medicina se vería
ralentizada. En el fondo, la propiedad intelectual es un sistema para garantizar los
ingresos de las empresas innovadoras.
Sin embargo, no sólo hay que proteger los ingresos, sino también a los inversores.
Las empresas innovadoras y las start-ups suelen conllevar mayor riesgo que las
que cuentan con negocios consolidados. Proteger a los inversores frente a posibles
quiebras fomenta la inversión en este tipo de negocios, además de una mayor
tolerancia al fracaso. Pero de nada sirve la tolerancia al fracaso de un inversor si
no se tolera el fracaso de un emprendedor. Por este motivo, la legislación no debe
penalizar la quiebra de empresas. El emprendedor invierte tiempo y dinero en
nuevos negocios y unas hipotéticas pérdidas ante el fracaso de su aventura no
deberían ir más allá. Igualmente, se debe simplificar la burocracia que implican los
concursos de acreedores, permitiendo al emprendedor empezar de nuevo con
rapidez.
Los factores estudiados por el Banco Mundial no son exclusivos para el
emprendedor. Cualquier negocio se verá beneficiado por políticas que reduzcan los
costes estructurales, como la fiscalidad o el coste de la energía. Estos costes tienen
más peso en la industria que en los servicios, pero hay que tener en cuenta que la
innovación también se produce en las fábricas. El enfoque en la parte alta de la
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