Sociología y política

Esta muralla estaría dada por la imposibilidad que se le ha impuesto
para ampliar, como lo venía haciendo desde hace décadas,
la frontera agrícola campesina del altiplano hacia los llanos del
oriente. Antes, debido a la presión demográfica en el occidente,
donde la posesión familiar ha sido reducida a unos pocos metros
cuadrados, miles de familias campesinas se dirigían al oriente
para sembrar las tierras bajo modalidad de economía de autosubsistencia
y completar los tradicionales ciclos reproductivos de
larga duración, territorialmente fragmentados, de la estructura
comunal. Hoy, miles y miles de hectáreas han sido concedidas a
hacendados, ya no existe tierra de “colonización”, y los pocos ingresos
exitosos a la economía de mercado (producción de coca
y contrabando, que generaban cerca de quinientos millones de
dólares anuales) vienen siendo proscritos por el Estado.
Pero, además, la posibilidad de un tránsito estable del campo
(donde se concentra todavía cerca del 45% de la población
del país) hacia la ciudad, ahora también se halla bloqueada por
la precariedad laboral y el libre comercio que, literalmente, ha
arruinado a miles y miles de pequeñas actividades informales, artesanales
e industriales, que anteriormente cobijaban a la fuerza
de trabajo emigrante del campo, poniendo fin a muchas de sus
expectativas de integración social, de ascenso y ciudadanización
plena, a la vez que habilitan un espacio de receptividad y disponibilidad
a nuevos proyectos de modernización, ciudadanía e integración,
como, por ejemplo, los que están siendo articulados por
el discurso de la identidad étnico-nacional indígena desde hace
décadas, y con mayor fuerza desde el nuevo liderazgo aimara en
la estructura sindical-comunal de la csutcb.
Precisamente, un intento ideológico y burocrático de disuadir
la consolidación de esta identidad nacional-indígena fue la
presencia de un profesional aimara en la vicepresidencia, y el
dictado de la Ley de Participación Popular (pp). Ambos crearon
una retórica multicultural en la que supuestamente los pueblos
indígenas eran reconocidos en su diferencia cultural, pero con
iguales prerrogativas públicas. Paralelamente, de manera institucional,
se crearon oficinas, cargos públicos centralizados y
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