En vigilante espera - Acción Cultural Cristiana

La política y el bien común
La realidad política viene dada y exigida por la esencial dimensión social de
la persona humana, que es y se construye con y de cara a otras personas. Esta,
la persona humana, para su perfección, necesita una serie de agrupaciones particulares,
tales, por ejemplo, como la familia, la empresa, el grupo de amigos, el
colegio o la universidad, el club cultural o deportivo, la comunidad religiosa a que
se adscribe, etc.
A su vez, estas agrupaciones, más cercanas, diríamos, a la persona, requieren,
para poder desarrollarse convenientemente y para que se den las condiciones
necesarias para tal desarrollo, un conjunto de sociedades o agrupaciones más
vastas, de carácter más universal o general, que las apoyen y provean de los
medios de que solas no pueden disponer y que se ocupen de los bienes que son
comunes al conjunto de las agrupaciones y de las personas, como podría ser mantener
limpias las aguas de una cuenca fluvial o la creación de una universidad para
el conjunto de una población.
El conjunto de todas las agrupaciones humanas de un espacio territorial, o
incluso del espacio mundial, debidamente armonizadas, ordenadas y estructuradas,
de modo que sean soporte y apoyo las unas de las otras y se provea al mantenimiento
y fortalecimiento de los bienes comunes a todos –el agua, la tierra y el
aire, sin ir más lejos, tan necesarios y próximos a la vida humana y tan maltratados
sin embargo– constituye la sociedad política en sentido estricto.
Esta sociedad política, para que se la pueda considerar tal, debe estar regulada,
sometida a normas o leyes que, para que sean justas, para que se ajusten a
derecho, han de mirar a salvaguardar siempre en todos los ámbitos la responsabilidad
de toda persona en el ejercicio de sus deberes y derechos y, asimismo, a
que ninguna institución de mayor ámbito suplante las funciones de las más próximas
a la persona humana. De ahí también que, de alguna manera, en la elaboración
del ordenamiento jurídico han de participar responsablemente todas las personas
y han de ser oídas y tenidas en cuenta las agrupaciones, asociaciones o
instituciones en que la vida de las personas está comprometida. Hacerlo de otro
modo es dar la primacía a la estructura sobre la persona, lo cual resulta éticamente
inadmisible.
Consecuentemente, todo el ordenamiento jurídico deberá estar orientado no
a regular toda la vida de las personas sino a la creación de un conjunto de condiciones
que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su per-
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