En vigilante espera - Acción Cultural Cristiana

tra exposición, la autoridad judicial, aunque no sea menos importante la sanción
de los distintos comportamientos).
Las dos vertientes de la autoridad política, la legislativa y la ejecutiva, son perfecta,
deseable y, hasta diríamos, exigiblemente separables; si bien en las democracias
actuales de hecho van unidas, debido entre otros motivos a la imbricación
del mismo partido político, con los mismos dirigentes, directrices e intereses, en
las tareas legislativas y ejecutivas, lo cual, ciertamente, ocasiona abundantes distorsiones
al bien común, de las que en otra ocasión nos ocuparemos. Ahora,
pues, vamos a tratarlas, a la autoridad legislativa y ejecutiva, como una unidad.
Lo que sí queremos quede claro es que toda autoridad política queda desautorizada
cuando no logra, mucho más cuando no busca, el bien común de la
sociedad tal como arriba lo hemos descrito, y que es constitutivo, también, del
bien común la primacía y prioridad del esfuerzo por la promoción de los
pobres, de los débiles, de los últimos, de los marginados, de los analfabetos, de
los parados, de los proletarios, de los trabajadores, o como quiera y deba etiquetarse
a los que sufren las consecuencias de las desigualdades sociales. La autoridad
política no puede ser neutral so pena de ser injusta, ya que los poderosos
de sobra saben y pueden defenderse y promocionarse solos; son los pobres, los
últimos, los que necesitan alivio, elevación y promoción. Un individuo aislado
puede ser responsable de su propia marginación y degradación; difícilmente es
concebible que lo sea un colectivo sin que, en grado eminente, sean corresponsables
las condiciones objetivas de la sociedad.
Por último, recordar que el objetivo de la actuación de la autoridad política
en la sociedad, en la prosecución del bien común, no es perpetuar la minoría de
edad de ningún colectivo sustituyendo o asumiendo la iniciativa y la responsabilidad
de éste, sino, por el contrario, crear las condiciones para que todos los colectivos,
grupos o clases sociales sean por sí mismos responsables ante sí y ante la
sociedad.
Después de esta larga introducción, lo que pretendemos es que el lector juzgue
si la autoridad política de nuestro país de verdad busca el bien común de la
sociedad o no, y, por consiguiente, si éticamente está legitimada. Vamos a exponer
unos hechos tomados de la más inmediata actualidad, a hacer unas reflexiones
y un juicio de valor sobre los mismos, y después que cada uno, personal y
colectivamente, tome una actitud de responsabilidad.
– Pedro Solbes, ministro de Economía, afirma: «El 99% de los habitantes de
este país somos trabajadores, parados o pensionistas. Sólo el 1% son empresarios,
éstos son los que crean empleo y, por tanto, tenemos que darles ventajas.
Aunque después harán lo que quieran en función de sus expectativas de beneficios»
(tomado de la prensa diaria del 2 de octubre de 1993).
– «La Wolkswagen rechaza el plan de viabilidad de Seat» (de la prensa diaria
del 29 de septiembre de 1993).
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