En vigilante espera - Acción Cultural Cristiana

fección en el despliegue de sus posibilidades individuales y sociales. Este conjunto
de condiciones constituye el bien común, que, por supuesto, nada tiene que ver
con la acumulación en manos del estado, como representante de la sociedad, de
cantidades ingentes de bienes y servicios, aunque tampoco se opone a que la titularidad,
e incluso la gestión, de determinados bienes y servicios, que en manos privadas
se volverían contra otros ciudadanos o contra la sociedad misma, resida en
ésta al nivel que sea preciso.
Cualidad esencial, por tanto, del bien común, es la equidad. Propio de la
naturaleza humana es que entre las personas se produzcan constantemente desniveles
de todo tipo tanto individuales como sociales, bien por impreparación o
falta de oportunidades de los más débiles bien por excesiva acumulación de determinados
bienes en manos de pocos con el abuso de poder que tal posesión acarrea;
desniveles que con harta frecuencia, como nos atestigua la historia, terminan
en injusticias, violencias y muertes. La equidad exige que el ordenamiento
jurídico nivele la vida social. Para ello, por una parte debe propiciar la promoción
de los débiles haciéndoles justicia, por otra parte ha de destruir continuamente la
prepotencia de los poderosos promoviéndoles así a la solidaridad, sin la que no
son personas humanas.
La equidad ha de moverse, cual fiel de la balanza, entre los dos polos de lo
necesario y lo suficiente. Nadie debe tener menos de lo necesario para una vida
digna; nadie debe hacer indigna la suya reteniendo más de lo suficiente, con lo
que a otros priva de lo necesario.
Ya sabemos que la equidad no es matemática y que admite variaciones situacionales,
de responsabilidad, culturales, históricas, etc.; pero por ahí se ha de
caminar si se quiere un ordenamiento legal justo. Porque la equidad, en este sentido,
supera a la justicia. Lo que hoy puede ser justo, no lo es mañana cuando el
progreso de la conciencia social y las posibilidades técnicas impulsan a una mayor
igualdad entre los hombres.
De ahí que nada haya más injusto que un ordenamiento jurídico cerrado a las
exigencias actuales de la sociedad y de la historia, porque, entonces, desde la legalidad
vigente puede mandarse en Europa al paro a 17 millones de personas, desde
la legalidad financiera puede destruirse el sistema monetario de un país, desde la
legalidad del comercio puede matarse de hambre a un tercio de la humanidad. La
primera exigencia, por tanto, del bien común es cambiar el actual sistema jurídico
nacional e internacional.
La función de la autoridad política, o, lo que es lo mismo, de las personas
legítimamente (ahora no entramos en el cómo de esa legitimidad) constituidas en
autoridad sobre la sociedad, es la realización del bien común, fundamentalmente
en dos vertientes: adecuación de la legislación a las exigencias actuales de la justicia
y la equidad, misión de la autoridad legislativa, y conducción de la sociedad
por el camino de la justicia y la equidad desde la legalidad, misión de la autoridad
ejecutiva o gubernamental. (Dejamos al margen, por mejor seguir el hilo de nues-
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