El racismo y la Administración de Justicia - Biblioteca Hegoa

abandonar sus hogares, algunas por miedo, otras como resultado de estrategias deliberadas
de las fuerzas paramilitares. Los que han regresado a sus tierras y se han declarado «comunidades
de paz» siguen sufriendo los ataques de las fuerzas paramilitares y de los grupos
armados de oposición. El gobierno ha incumplido su compromiso de proteger a las
comunidades de paz.
En algunos países, el Estado ofrece poca, o ninguna, protección a las mujeres frente
a los abusos que les infligen debido a su raza y a su sexo. En ciertos casos, la falta
de protección es tan extrema que constituye complicidad del Estado en los abusos.
Las mujeres de la India, por ejemplo, sufren diversas violaciones de derechos humanos
basadas en la discriminación sexual, y las mujeres de ciertas castas u origen étnico
son doblemente vulnerables a estos abusos. El hecho de que el Estado no garantice
la protección de estas mujeres frente a los abusos graves, indica una actitud discriminatoria
hacia la mujer por parte de algunos sectores de la maquinaria estatal. No sólo
eso, sino que también pone obstáculos a las mujeres que intentan obtener justicia tras
haber sufrido discriminación o violencia.
Las mujeres dalit sufren la triple discriminación por motivos de casta, clase y género.
Las atrocidades que se cometen contra ellas son generalizadas, y a menudo se llevan
a cabo para «dar una lección política» a la comunidad dalit y aplastar la disidencia.
Muchas de las mujeres que se enfrentan a los terratenientes o apoyan los matrimonios
entre castas son exhibidas por las calles, desnudas, como castigo.
En muchos casos, las mujeres dalit que acuden a la policía para obtener una reparación
corren el riesgo de sufrir nuevos malos tratos, que van desde palizas hasta
insultos sexuales e insultos a su casta. La negativa de la policía a tramitar las denuncias
que formulan las mujeres dalit y a proteger a las víctimas de las amenazas y del
hostigamiento, unido a la extrema presión social a que están sometidas estas mujeres
para que no hablen de los abusos hace que una gran proporción de delitos permanezca
sin castigo.
Lebra, una campesina del pueblo de Ram Nagar, en el distrito de Pratapgarh de
Uttar Pradesh, dice que el 20 de septiembre de 1998 ella y su hija de 12 años fueron
llevadas a la comisaría de policía de Anatu por una acusación falsa presentada por un
miembro de una de las castas superiores de la comunidad. Allí, el comisario de policía
las violó y abusó sexualmente de ambas. Al día siguiente, Lebra presentó una
denuncia ante la Oficina de Policía del Distrito de Pratapgarh y pareció iniciarse una
investigación. Lebra también formuló denuncia ante el director general de la policía en
Lucknow y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En los meses siguientes,
envió su denuncia a otras autoridades, como el primer ministro de Uttar Pradesh (en
noviembre de 1998), en las que amenazaba con hacer una huelga de hambre hasta que
la escucharan. Sin embargo, hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida contra el
policía acusado. Además, la familia de Lebra ha recibido numerosas amenazas de la
policía local y otras personas. Como último recurso, Lebra ha presentado una petición
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El gobierno indio ha introducido leyes, concretamente la Ley de Prevención de
Atrocidades contra las Castas y Tribus Clasificadas por la Constitución, destinada a proteger
a los dalit y a la población tribal, pero no las ha aplicado de forma adecuada. Un
EL RACISMO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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