El racismo y la Administración de Justicia - Biblioteca Hegoa

tutsi. Muchos hutus de origen congolés y ruandés, especialmente en Kivu Septentrional,
fueron escogidos como víctimas por su presunto apoyo a la ex milicia hutu ruandesa
conocida como interahamwe.
Los mayi mayi, los interahamwe y otros grupos armados que se oponían a la ocupación
ruandesa de la región oriental de la República Democrática del Congo también
cometieron homicidios y otros abusos contra tutsis y otros supuestos partidarios de Ruanda,
especialmente en la provincia de Kivu Meridional. Aparte de la orden de detención
dictada por las autoridades belgas contra Yerodia Ndombasi, ex ministro de Asuntos
Exteriores de la República Democrática del Congo, por incitar a la violencia contra los
tutsis, no se ha tomado ninguna medida aún para juzgar a los responsables de la persecución
y de las atrocidades cometidas por motivos étnicos en la República Democrática
del Congo desde que este país obtuvo su independencia en 1960.
La inacción del Estado en el contexto del racismo se evidencia de otras formas en
otros países del mundo. En muchos, las denuncias de malos tratos policiales por motivos
raciales no se investigan adecuadamente y en las raras ocasiones en que los autores
son enjuiciados y condenados, reciben penas irrisorias (véase el Capítulo 2). Otras
veces, las víctimas que denuncian los hechos ante las autoridades se encuentran con que
no reciben protección frente a las amenazas, la intimidación, el hostigamiento o las denuncias
arbitrarias que a su vez formulan contra ellas las personas a las que han denunciado.
La indiferencia y la inacción del Estado ante los abusos racistas cometidos por ciudadanos
particulares son también habituales en todo el mundo. La Convención Internacional
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial subraya
la obligación de los Estados de garantizar el derecho de todos «a la seguridad personal
y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad
personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo
o institución».
En Europa, por ejemplo, es frecuente que los delitos racistas que cometen bandas,
grupos ultraderechistas o ciudadanos particulares no sean tratados con seriedad o que
no se reconozca su motivación racial. Esta negación de protección a la población negra
y a las minorías étnicas es indicio de racismo institucional en la administración de justicia
y hace que las comunidades minoritarias desconfíen de la policía y del poder
judicial, y sean vulnerables a nuevas agresiones racistas.
En el Reino Unido la policía ha sido declarada recientemente negligente en su respuesta
a los ataques racistas. En 1993, el adolescente de raza negra Stephen Lawrence
murió en un ataque racista. Nadie fue condenado por su asesinato. La investigación
oficial abierta sobre las diligencias policiales en el homicidio puso de relieve que éstas
habían estado viciadas «por una combinación de incompetencia profesional, racismo
institucional y falta de liderazgo de los máximos responsables». 37 Tras la publicación
del informe sobre el caso Lawrence, los progresos para erradicar este racismo institucional
han sido muy lentos.
37 The Stephen Lawrence Inquiry, Sir William Macpherson, febrero de 1999, The Stationery
Office.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
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