El racismo y la Administración de Justicia - Biblioteca Hegoa

— Ofrezcan protección contra los ataques y prácticas racistas en la sociedad, garantizando,
por ejemplo, que los organismos encargados de hacer cumplir la ley actúan de
inmediato y con determinación para prevenir y responder a todo tipo de ataque racista,
y haciendo que los responsables de tales abusos comparezcan ante la justicia.
— No toleren ninguna conducta racista por parte de los funcionarios públicos, y combatan
cualquier uso de lenguaje racista por sus funcionarios con medidas disciplinarias
y penales.
— Incluyan en los programas para la selección, formación y supervisión de los funcionarios
de la administración de justicia, medidas específicas para garantizar que en
el desempeño de sus funciones su conducta no es en forma alguna racista ni discriminatoria,
ni directa ni indirectamente. A tal fin, los programas de sensibilización en
diversidad cultural y antirracistas serán un elemento esencial en la formación de los funcionarios
de la justicia.
— Revisen las operaciones policiales para garantizar que no se realizan de una
forma discriminatoria.
— Investiguen de manera efectiva las denuncias de abusos racistas cometidos por
funcionarios de la justicia, garanticen que se protege a los denunciantes de cualquier
tipo de intimidación y se hace comparecer a los perpetradores ante la justicia, y que las
víctimas reciben una reparación plena.
— Garanticen que los procedimientos judiciales no discriminan a los miembros de
grupos minoritarios; que se informa a los detenidos, en una lengua que entiendan, del
motivo de su detención, de los cargos que se les imputan, y de sus derechos; que se
les explican sus derechos y cómo ejercerlos, y se les proporciona una asistencia
letrada efectiva y, en su caso, los servicios de un intérprete competente, de forma gratuita
y en todas las fases de su detención y de las actuaciones judiciales, especialmente
durante el interrogatorio. Garanticen asimismo que los ciudadanos extranjeros que
así lo deseen tienen acceso inmediato y regular a los representantes diplomáticos de
su país.
— En países donde aún se impone la pena de muerte, ordenen que una comisión de
investigación investigue todo efecto desproporcionado de esta pena sobre los grupos
raciales; y, en ausencia de medidas inmediatas para abolir la pena de muerte o conmutar
las penas ya impuestas, ordenen una suspensión de las ejecuciones hasta que se conozca
el resultado de la investigación de la comisión.
— Impartan instrucciones y formación de carácter especial a los funcionarios públicos
para que reconozcan las necesidades específicas de protección de los pueblos indígenas;
y se aseguren de que las autoridades, a todos los niveles, garantizan que todas
las entidades privadas, tales como empresas comerciales y corporaciones internacio-
EL RACISMO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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