El racismo y la Administración de Justicia - Biblioteca Hegoa

de los saqueos, a cocinar y a limpiar para los soldados, y a prestar servicios sexuales
para sus captores. Muchas de ellas son llevadas a las propiedades de sus secuestradores
o de los familiares de éstos, en los alrededores de Nyalain Darfur, en el sur de Kordofan
y en Babanusa, para trabajar en los campos, guardar el ganado y desempeñar servicios
domésticos. Los informes indican que algunas son vendidas más al norte, en Jartum,
la capital.
Según los secuestrados que han logrado escapar, la tortura y los malos tratos a manos
de sus captores son habituales. Éstos violan, torturan, en ocasiones matan, golpean y
niegan comida a mujeres y niñas. Algunos informes indican que a veces violan también
a niños, y que a algunos de ellos los reclutan contra su voluntad en las Fuerzas Populares
de Defensa. Al parecer, algunas víctimas han sido obligadas a cambiar su nombre
por otro árabe y a convertirse al islam.
Sudán, como país signatario de la Convención de la ONU contra la Esclavitud (1926),
tiene la obligación de erradicar las prácticas similares a la esclavitud y los secuestros.
Pero en el contexto de la guerra civil, los sucesivos gobiernos de Jartum han proporcionado
armas y apoyo a las milicias locales de la zona fronteriza con el sur para combatir
a las fuerzas rebeldes. Estas milicias tribales, así como las Fuerzas Populares de
Defensa y parte del ejército regular, han secuestrado a personas a las que tratan como
botín de guerra. Aunque es difícil evaluar si el gobierno de Jartum está fomentando la
esclavitud, el gobierno es responsable de los actos de las milicias a las que proporciona
armas y suministros y que pertenecen a su cadena de mando. Hasta la fecha, estas
fuerzas parecen poder actuar con impunidad, incluso cuando secuestran y esclavizan
a personas.
El gobierno sudanés siempre ha negado la existencia de la esclavitud, y a la vez que
reconoce que se producen «secuestros, toma de rehenes y raptos», afirma que tales políticas
son tradicionales y que carece de control sobre ellas. Sin embargo, bajo la presión
de la ONU y de los organismos de derechos humanos, el gobierno ha tenido que tomar
algunas medidas en respuesta a las críticas que han ocasionado los secuestros y la
esclavización. En mayo de 1999 creó el Comité para la Erradicación del Secuestro de
Mujeres y Niños (CEAWC), que dirige el asesor presidencial en materia de derechos humanos
y viceministro de Justicia, Ahmed al Mufti. El Comité ha reconocido, al menos de
forma indirecta, la cuestión de los secuestros y de la esclavización, al informar de que
muchas de las mujeres secuestradas que trabajaban en condiciones de servidumbre
habían dado a luz a niños que eran hijos de sus «propietarios».
Hasta la fecha, el Comité ha «redimido» (liberado y reunido con sus familias) de la
esclavitud a aproximadamente 400 personas. Algunas ONG dicen que han «redimido»
a miles de personas. 92 Los cálculos sobre el número de sudaneses del sur que realizan
trabajos forzados y en condiciones de esclavitud en el norte del país varían: entre 5.000
92 Solidaridad Cristiana Internacional, la ONG que fue centro de una polémica por comprar esclavos
a sus propietarios, afirma que desde 1995 ha ayudado a «redimir» a más de 30.000 esclavos.
Véase el comunicado de prensa de la organización 4,968 Sudanese Slaves Freed by CSI, de
21 de marzo del 2000.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
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