El racismo y la Administración de Justicia - Biblioteca Hegoa

derechos humanos presuntamente cometidas a principios de los años ochenta contra
los habitantes indígenas del pueblo de Tululché, en el departamento de El Quiché.
Los cargos incluían 35 delitos de asesinato, 44 de secuestro, 14 de violación y 53 de
agresiones menores.
Aterrorizados durante años por Noriega, las víctimas y testigos de las violaciones de
derechos humanos que presuntamente había cometido éste no se atrevieron hasta 1992
a iniciar actuaciones contra él. Estas actuaciones finalizaron en 1997 con la absolución
de Noriega, tras un juicio en el que se produjeron, según la MINUGUA, la Misión de Verificación
de la ONU en Guatemala, «serias irregularidades», como la ausencia de servicios
de traducción para los testigos que no hablaban español y observaciones despectivas
contra los indígenas.
Noriega resultó absuelto también en un segundo juicio. Según la opinión del observador
que Amnistía Internacional envió al juicio, el factor racial había incidido en que
se desestimara gran parte de las declaraciones de los testigos.
En noviembre de 1999, casi 17 años después de que se cometieron los abusos, concluyó
un tercer juicio con una sentencia en la que el tribunal declaró a Noriega culpable
de seis asesinatos y dos homicidios y lo condenaba a 220 años de prisión, de los
que sólo cumplirá un máximo de 30 años, en aplicación de la legislación guatemalteca.
Sin embargo, el tribunal absolvió a Noriega de los delitos de secuestro, robo con
agravantes, incendio doloso, causar lesiones corporales, violación, allanamiento de
morada y hurto. En febrero del 2000 se desestimó la apelación formulada contra la sentencia
y en agosto del mismo año la Corte Suprema confirmó definitivamente la condena
impuesta a Noriega.
La impunidad y la falta de protección del Estado frente a los abusos cometidos por
motivos raciales también caracterizan varios conflictos de África. En la República
Democrática del Congo, por ejemplo, se cometieron homicidios generalizados y otros
abusos durante la guerra civil que estuvo a punto de dividir el país durante sus primeros
cinco años de independencia de Bélgica, obtenida en 1960. Después de que Mobutu
Sese Seko tomó el poder y puso fin a la guerra civil en 1965, no se invocó ningún
mecanismo judicial ni de otra índole para hacer comparecer a los autores ante la justicia.
Casi 40 años después, siguen cometiéndose en el país y en sus proximidades
abusos basados en la identidad, y continúa imperando la impunidad.
Después de que el presidente Mobutu anunció la introducción de reformas políticas,
incluyendo el derecho a formar partidos políticos, algunos líderes políticos
del Zaire (como se llamaba entonces el país) fomentaron las diferencias étnicas para
ganarse el apoyo de sus propios grupos étnicos. En 1992, los políticos de la región
de Shaba (actualmente la provincia de Katanga) promovieron la violencia contra
las personas originarias de la vecina región de Kasai, en su mayoría pertenecientes
al grupo étnico luba. Los funcionarios públicos y los políticos de Shaba acusaron
a los migrantes lubas procedentes de Kasai de dominar la vida económica de
Shaba en detrimento de la población oriunda de la región, así como de respaldar
al dirigente de la oposición de Kasai, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Grupos de
personas oriundas de Shaba dieron muerte a cientos de lubas procedentes de Kasai
y expulsaron de la región a prácticamente toda la comunidad, además de confiscar
EL RACISMO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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