El racismo y la Administración de Justicia - Biblioteca Hegoa

estudio sobre 50 casos de violación de mujeres dalit descubrió que se habían ignorado
muchos artículos de la Ley: 122 no existía asistencia letrada gratuita, ni se abonaban
los gastos de desplazamiento, y no existía rehabilitación económica o social para las
víctimas. El estudio señaló también los excesivos retrasos de la policía en formalizar
las hojas de cargos contra los presuntos responsables de las violaciones. Estos incumplimientos
han desembocado en un sentimiento general de impunidad entre quienes cometen
abusos contra las mujeres dalit y las pertenecientes a tribus.
En muchas otras partes del mundo se suelen ignorar las salvaguardias mínimas básicas
destinadas a proteger a las mujeres privadas de libertad. Las Reglas Mínimas de la
ONU para el Tratamiento de los Reclusos, por ejemplo, establecen que las presas deberán
ser atendidas y supervisadas únicamente por personal femenino, y que el personal
masculino, como los médicos, siempre debe ir acompañado de funcionarias. Pero es frecuente
que no se aplique este sencillo principio.
En Estados Unidos se permite que los funcionarios masculinos supervisen a las
reclusas. Muchas de sus funciones producen una gran angustia a las presas, como los
registros corporales y la vigilancia mientras están sin ropa. Estas condiciones propician
abusos graves contra los derechos humanos. Muchas reclusas de las prisiones estadounidenses,
especialmente las de raza negra y las que pertenecen a minorías étnicas,
han sido violadas y víctimas de otros abusos sexuales, como lenguaje sexualmente
ofensivo y racista, y manoseos de senos y genitales.
En otros países, el Estado ofrece una protección mínima a las trabajadoras migrantes
frente a los abusos que cometen sus empleadores o la policía. En varios estados del
golfo Pérsico, estas mujeres trabajan en condiciones similares a la esclavitud, y sufren
privación de libertad, así como abusos verbales y físicos. Quienes acuden a la policía
no suelen recibir ayuda y en ocasiones son sometidas por los agentes a nuevos abusos.
Karsini binti Sandi, indonesia de 19 años que trabaja como empleada doméstica en
Arabia Saudí contó a Amnistía Internacional que sus empleadores la habían agredido
y que cuando acudió a la policía en busca de ayuda, los agentes la insultaron y la amenazaron
con ejecutarla. Finalmente huyó y regresó a Indonesia en enero del 2000.
Amnistía Internacional no conoce ningún caso, de entre las numerosas denuncias de agresión
o violencia en el hogar formuladas por trabajadoras domésticas extranjeras en el
que la policía saudí haya iniciado una investigación adecuada. Esta inacción equivale
a complicidad del Estado en los abusos contra las extranjeras.
En algunos países que aplican interpretaciones de la ley islámica (Shari’a), las mujeres
que pertenecen a grupos étnicos no musulmanes corren un gran riesgo de ser sometidas
a juicios injustos y condenadas a castigos corporales por actos que considera
«inmorales» el Estado, pero no su propia cultura o religión, como beber alcohol. Por
ejemplo, el 13 de junio de 1999, agentes de seguridad y policías de orden público
detuvieron en Jartum, Sudán, a 24 estudiantes nubios que asistían a una salida campestre
122 Informe elaborado para la Sección de Desarrollo de las Castas Clasificadas por la Constitución,
del Ministerio de Bienestar Social del gobierno indio, por el Grupo de Investigación Acción
Múltiple, 1995.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
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