El racismo y la Administración de Justicia - Biblioteca Hegoa

lizado por dos investigadores israelíes y publicado en 1998 concluyó que, aunque la
ley prohíbe expresamente la discriminación, los palestinos, fueran o no ciudadanos israelíes,
y tomando en consideración todos los demás factores, tenían más probabilidades
que los judíos de ser acusados formalmente tras la detención, de ser condenados a
penas de prisión y de recibir penas duras. Los investigadores llegaron asimismo a la
conclusión de que: «Los resultados del conjunto de los datos no dejan lugar a dudas de
que las decisiones adoptadas en cada fase del procedimiento penal discriminan a los
árabes». 9
La discriminación que sufren los palestinos de los territorios ocupados es aún mayor
(véase el Capítulo 4), aunque los ciudadanos palestinos residentes en Israel suelen ser
tratados —en lo que respecta a detenciones y condenas— como si fueran palestinos de
los territorios ocupados, pues reciben condenas más largas y se les niega la libertad provisional
o las visitas a la familia si han cometido delitos políticos. Además, cuando los
palestinos se manifestaron en septiembre y octubre del 2000, lanzando piedras y quemando
neumáticos, la policía y la guardia de fronteras disparó contra ellos, siendo
éste el trato que reciben normalmente los palestinos en los territorios ocupados. Pese
a que murieron 13 personas y a que hubo centenares de heridos, el primer ministro Ehud
Barak elogió la actuación policial e hicieron falta semanas de protestas para que se creara
una Comisión Judicial de Investigación sobre las muertes. Una agente de la guardia
de fronteras que declaró ante la comisión en marzo del 2001 manifestó a un periodista
del diario hebreo Yediot Ahronoth: «Manejamos los disturbios judíos de otra forma.
Cuando se celebra una manifestación, es evidente desde el principio que no llevamos
pistolas. Ésas son nuestras instrucciones».
La introducción de leyes racialmente discriminatorias no es sólo una característica
de tiempos pasados. En Fiyi, por ejemplo, se está extendiendo la segregación racial existente.
El gobierno, respaldado por el ejército, que llegó al poder tras un violento golpe
de Estado en mayo del 2000, está implantando medidas racialmente discriminatorias
a favor de los indígenas de Fiyi, pese a dos sentencias judiciales que confirman lo
establecido por la Constitución de 1997, que prohíbe la discriminación.
El golpe de Estado dio lugar a abusos generalizados, dirigidos especialmente contra
los fiyianos de origen étnico indio (conocidos como indofiyianos), contra los cuales
los líderes del golpe promovieron ataques racistas. Durante semanas, las turbas de
indígenas aterrorizaron ciudades y pueblos, robaron en fincas y casas indofiyianas,
violaron a mujeres indofiyianas y tomaron decenas de rehenes.
El 29 de mayo del 2000, las fuerzas armadas tomaron el poder, decretaron la ley marcial
y dictaron decretos de emergencia elaborados por el presidente indígena del Tribunal
Supremo para sustituir la Constitución y abolir el Tribunal Supremo.
En julio del 2000, el ejército dispuso el nombramiento de Laisenia Qarase como primer
ministro provisional, que formó un gobierno integrado predominantemente por indígenas
de Fiyi y designó un comité para revisar la Constitución de 1997 a fin de sustituirla
por otra que garantizara la supremacía política y el progreso económico de los
9 Justice For All?, op. cit., p. 120.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
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