El racismo y la Administración de Justicia - Biblioteca Hegoa

tadas por los gobernantes durante el periodo colonial. Los colonizadores belgas utilizaron
agentes tutsis para institucionalizar la opresión de los hutus, que se convirtieron
así en ciudadanos de segunda categoría. Como reacción ante esta opresión, los hutus
organizaron el derrocamiento de la monarquía y de la dominación tutsi en 1959, proceso
en el que cometieron atrocidades contra los tutsis. A principios de los años sesenta,
miles de tutsis se vieron obligados a huir del país, y otros lo hicieron durante los enfrentamientos
entre facciones políticas y regionales hutus, que desembocaron en 1973 en
un golpe de Estado liderado por el general de división Juvénal Habyarimana.
A principios de los años noventa, el proceso de desintegración de la economía y el
aumento del descontento popular alentaron al Frente Patriótico Ruandés (FPR), integrado
sobre todo por exiliados tutsis ruandeses residentes en Uganda, a invadir Ruanda.
Pocos días después de iniciarse la invasión del FPR, el 1 de octubre de 1990, comenzaron
las matanzas de tutsis, organizadas y ejecutadas por los administradores locales
con la tácita aprobación del gobierno nacional, cuando no a instancias suyas. Entre octubre
de 1990 y abril de 1994, los dirigentes locales lanzaron 17 ataques a gran escala
contra los tutsis en 12 comunidades —precursores del genocidio que se cometería con
devastadora velocidad en abril, mayo y junio de 1994—, y en los que murieron 2.000
tutsis y decenas de hutus. El gobierno no hizo ningún intento para identificar y capturar
a los responsables. Y esta impunidad fomentó nuevas atrocidades.
Por su parte, el FPR perpetró matanzas y otros abusos contra civiles hutus desarmados
en el norte de Ruanda. En las zonas ocupadas por el Frente, varios cientos de miles
de hutus fueron expulsados de sus casas y sus tierras, o tuvieron que huir de ellas.
Muchos hutus murieron víctimas del hambre y de las enfermedades en los masificados
campos para desplazados.
Durante todo este periodo, la elite gobernante hizo todo lo posible para redefinir la
población ruandesa en dos grupos: los «ruandeses», que respaldaban al presidente, y
los ibyitso (cómplices del enemigo), integrados por la minoría tutsi y por los hutus que
se oponían al gobierno. La Guardia Presidencial entrenó y el gobierno armó a dos
milicias: los interahamwe («los que atacan juntos») y los impuzamugambi («los que tienen
la misma meta»). La elite en el poder sentó más bases para el genocidio por medio
de reuniones públicas y del reparto de material incendiario y racista a la prensa y la radio.
El gobierno mantenía un sistema de tarjetas de identidad, heredado de la época colonial,
en las que se especificaba el origen étnico de cada ciudadano. Durante el genocidio,
esto permitió que los asesinos identificaran con rapidez a los tutsis.
La comunidad internacional fracasó deplorablemente en su respuesta al genocidio.
En noviembre de 1993, la ONU comenzó a desplegar una fuerza para el mantenimiento
de la paz, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Ruanda (UNAMIR), integrada
por 2.500 soldados. El 21 de abril de 1994, cuando el genocidio ya había comenzado
y se habían producido ataques contra la fuerza de la ONU, el Consejo de Seguridad
de la organización decidió reducir el contingente a 270 soldados. Además, varios Estados
se mostraban reacios a utilizar la expresión «genocidio», aparentemente debido a
la falta de voluntad para actuar y poner fin a las muertes. Ni siquiera a mediados de mayo,
después de que el Consejo de Seguridad de la ONU decidió intervenir, recibió la UNA-
MIR el personal y otros recursos necesarios para cumplir su cometido. El mismo FPR se
AMNISTÍA INTERNACIONAL
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