El racismo y la Administración de Justicia - Biblioteca Hegoa

o destruir sus propiedades y casas. Las fuerzas de seguridad sólo intervinieron en
contadas ocasiones para proteger a las víctimas, e incluso en esas ocasiones lo
hicieron con independencia del gobierno central y del regional, que en la mayoría
de los casos se abstuvieron de actuar. En gran medida debido a que el gobierno zairense
se consideraba beneficiario de las atrocidades cometidas contra los kasaianos,
los autores de la persecución nunca comparecieron ante la justicia ni fueron
censurados en forma alguna.
En 1993 estalló de nuevo la violencia étnica en la región de Kivu Septentrional, atizada
por dirigentes políticos zaireños y destacados miembros de varios grupos étnicos.
Inicialmente, el conflicto civil fue entre hutus y tutsis por una parte, conocidos con el
nombre colectivo de banyarwanda, y varios grupos étnicos, como los hundes y los
nyangas por otra. Al igual que ocurrió en Shaba, los funcionarios y políticos locales que
buscaban el control político y económico incitaron a la violencia contra los grupos étnicos
de sus oponentes. Gran parte de la violencia se centró en torno al control de la tierra
y a la cuestión de si los hutus y los tutsis debían ser reconocidos como ciudadanos
zaireños y, por tanto, tenían derecho a participar en las futuras instituciones políticas
de un sistema político pluripartidista. Tras muchos retrasos, el gobierno desplegó al ejército
para atajar la violencia étnica, pero ésta absorbió a los propios soldados. A menudo,
comandantes o unidades concretas se pasaban al bando que mejor les pagaba y cometían
atrocidades contra sus oponentes, incluso contra numerosos civiles desarmados.
Se cree que durante los primeros meses de violencia se dio muerte a unas 6.000 personas.
Al igual que en Shaba, las autoridades no enjuiciaron a los responsables de
incitar o cometer estas atrocidades.
La frágil coalición de hutus y tutsis se quebró posteriormente, sobre todo debido a
la desconfianza mutua consecuencia del conflicto armado étnico de la vecina Ruanda,
de donde procedían muchos miembros de ambos grupos étnicos. Algunos líderes tutsis
zaireños facilitaron recursos materiales, combatientes y apoyo político al grupo
armado de oposición de mayoría tutsi conocido como el Frente Patriótico Ruandés
(FPR), mientras que ciertos líderes hutus apoyaron al gobierno ruandés, de mayoría
hutu. Ni el gobierno del Zaire ni la comunidad internacional crearon ningún mecanismo
para evitar el agravamiento del conflicto. La situación llegó a ser explosiva cuando
más de un millón de hutus ruandeses, muchos de ellos ex combatientes armados que
habían participado en el genocidio de los tutsis en Ruanda, huyeron a la región oriental
del Zaire (incluido Kivu Septentrional) al tomar el poder el FPR.
El nuevo gobierno ruandés, de mayoría tutsi, y su ejército (conocido como Ejército
Patriótico Ruandés, EPR) empezó a mostrar una preocupación creciente por las incursiones
armadas que realizaban los hutus en Ruanda desde el Zaire y por la persecución
que sufrían los tutsis en la región oriental del Zaire.
El conflicto político y la violencia que estalló posteriormente en Kivu Septentrional
se extendió a Kivu Meridional, donde los líderes políticos locales acusaron a todos los
tutsis de ser ciudadanos ruandeses, que no tenían derecho a poseer tierras ni propiedades
de ningún tipo en el Zaire, y trataron de despojarlos de derechos políticos. El gobierno
zaireño permitió que se agravase la persecución, que culminó en la expulsión de cientos
de tutsis a Ruanda.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
36