El racismo y la Administración de Justicia - Biblioteca Hegoa

mos adecuados para detectar y corregir las constantes de discriminación. El racismo institucional
también niega a veces a ciertos grupos su derecho, en condiciones de igualdad,
a la protección de la ley frente a la violencia que les inflige la sociedad en general
—no sólo los funcionarios públicos—, por ejemplo, frente a las agresiones racistas
de los grupos políticos o frente a crímenes como el asesinato. En otras palabras, la inacción
del Estado, y no sólo su acción, puede derivar en discriminación racial en la administración
de justicia.
En algunas partes de América Latina, el grado de inacción del Estado ante los abusos
que padecen los indígenas lo ha convertido en cómplice en dichos abusos. Esto se
hace especialmente patente cada vez que las autoridades y las grandes empresas entran
en conflicto con poblaciones indígenas en relación con la tierra y otros recursos naturales.
En Guatemala continúa librándose una larga batalla contra la impunidad, fenómeno
que hasta el momento ha caracterizado prácticamente la totalidad de las decenas de
miles de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por los servicios de
seguridad del país entre 1966 y 1996. 36 Las violaciones se cometieron en una escala
masiva, especialmente cuando el ejército aplicó las medidas de contrainsurgencia dirigidas
sobre todo contra los pueblos indígenas de la sierra. Un informe de febrero de 1999
de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) patrocinada por la ONU concluyó,
entre otras cosas, que el ejército había cometido genocidio contra los indígenas en
cuatro zonas concretas del país.
A pesar de la firma de los acuerdos de paz que pusieron formalmente fin al conflicto
civil en diciembre de 1996, y del informe de la CEH, poca o ninguna justicia se ha
hecho a quienes sufrieron abusos durante el conflicto. En los pocos juicios que se han
celebrado en relación con estos abusos, los presuntos responsables han amenazado e
intimidado a los testigos y a sus familias, así como a los sobrevivientes, y hasta el
momento sólo han sido condenados un puñado de «patrulleros» (colaboradores civiles
del ejército) y militares de baja graduación.
Recientemente se han reanudado los esfuerzos —a través de los tribunales guatemaltecos,
los enjuiciamientos en otros países y el sistema interamericano—, para hacer
que los autores de los abusos comparezcan ante la justicia. Se han renovado también los
esfuerzos para encontrar a los «desaparecidos», y algunos de los niños que sobrevivieron
a los ataques —a quienes los autores de los homicidios se llevaron como niños
esclavos o que fueron adoptados en el extranjero— se han unido para pedir justicia y
reparación por la pérdida de vidas y propiedades que sufrieron sus comunidades.
El de Tululché es uno de los pocos casos de derechos humanos de Guatemala que
ha culpado al autor de algunos de estos abusos, y pone de relieve algunas de las dificultades
que tienen los indígenas para lograr que se haga justicia. Es el caso del procesamiento
de Cándido Noriega, ex comandante militar (representante civil local
del ejército) y dirigente de una patrulla civil, acusado de más de 150 violaciones de
36 Guatemala: Romper el muro de la impunidad. Procesamientos por crímenes contra la
humanidad (Índice AI: AMR 34/20/00/s).
AMNISTÍA INTERNACIONAL
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