El racismo y la Administración de Justicia - Biblioteca Hegoa

La Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial fue adoptada por unanimidad por la Asamblea General de la ONU en
1965. En ella se enumeran unos derechos sustantivos y una serie de pasos para eliminar
la discriminación racial en todas sus formas. La Convención también tiene como
fin promover la igualdad racial de hecho, para permitir que los diversos grupos étnicos,
raciales y nacionales gocen de todos los derechos humanos en condiciones de
igualdad, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural. Además, los Estados
que ratifican la Convención se comprometen a proteger a sus ciudadanos no sólo
de la discriminación respaldada por el propio Estado, sino de la que puedan infligir otros
ciudadanos.
La Convención sentó un importante precedente al crear un órgano para vigilar su
aplicación, que examinara las medidas adoptadas por los Estados para cumplir las
obligaciones que contraen en virtud de la Convención: el Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial, algunas de cuyas conclusiones se incluyen en
este informe.
La prohibición de la discriminación es una parte central de cada uno de los principales
instrumentos de derechos humanos de la ONU relativos a la administración de justicia.
Entre estos instrumentos clave figuran el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, el Conjunto
de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma
de Detención o Prisión, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La experiencia de millones de personas de todo el mundo da fe de un hecho bien sencillo:
donde hay racismo no puede haber justicia. Por eso es esencial que las normas
internacionales de derechos humanos que prohíben la discriminación racial sean respetadas
en todas partes y en todo momento.
MEDIDAS PARA PONER FIN AL RACISMO
Aunque para la mayoría de los gobiernos sería sumamente difícil erradicar todo rastro
de racismo en la sociedad, los gobiernos tienen la obligación de hacer todo lo posible
para garantizar que el Estado no promueve ni tolera en forma alguna el racismo, y
para combatirlo activamente.
Son muchas las medidas que se pueden adoptar. Para empezar, todos los Estados deben
ratificar sin reservas y hacer cumplir en su totalidad los tratados internacionales de derechos
humanos que prohíben la discriminación racial y exigen que la administración de
justicia sea imparcial. Conforme a las normas internacionales, la constitución y las
leyes deben prohibir claramente todas las formas de discriminación, y estas leyes han
de hacerse cumplir con rigor. El gobierno debe transmitir, pública y consecuentemente,
el mensaje inequívoco de que no se tolerará el racismo, ni en la sociedad en general
ni en los organismos estatales. Todos los delitos que contengan un elemento racista
deberán ser investigados exhaustivamente, y sus autores, responder de sus actos
ante la justicia.
EL RACISMO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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