El racismo y la Administración de Justicia - Biblioteca Hegoa

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estudio sobre 50 casos de violación de mujeres dalit descubrió que se habían ignorado muchos artículos de la Ley: 122 no existía asistencia letrada gratuita, ni se abonaban los gastos de desplazamiento, y no existía rehabilitación económica o social para las víctimas. El estudio señaló también los excesivos retrasos de la policía en formalizar las hojas de cargos contra los presuntos responsables de las violaciones. Estos incumplimientos han desembocado en un sentimiento general de impunidad entre quienes cometen abusos contra las mujeres dalit y las pertenecientes a tribus. En muchas otras partes del mundo se suelen ignorar las salvaguardias mínimas básicas destinadas a proteger a las mujeres privadas de libertad. Las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, por ejemplo, establecen que las presas deberán ser atendidas y supervisadas únicamente por personal femenino, y que el personal masculino, como los médicos, siempre debe ir acompañado de funcionarias. Pero es frecuente que no se aplique este sencillo principio. En Estados Unidos se permite que los funcionarios masculinos supervisen a las reclusas. Muchas de sus funciones producen una gran angustia a las presas, como los registros corporales y la vigilancia mientras están sin ropa. Estas condiciones propician abusos graves contra los derechos humanos. Muchas reclusas de las prisiones estadounidenses, especialmente las de raza negra y las que pertenecen a minorías étnicas, han sido violadas y víctimas de otros abusos sexuales, como lenguaje sexualmente ofensivo y racista, y manoseos de senos y genitales. En otros países, el Estado ofrece una protección mínima a las trabajadoras migrantes frente a los abusos que cometen sus empleadores o la policía. En varios estados del golfo Pérsico, estas mujeres trabajan en condiciones similares a la esclavitud, y sufren privación de libertad, así como abusos verbales y físicos. Quienes acuden a la policía no suelen recibir ayuda y en ocasiones son sometidas por los agentes a nuevos abusos. Karsini binti Sandi, indonesia de 19 años que trabaja como empleada doméstica en Arabia Saudí contó a Amnistía Internacional que sus empleadores la habían agredido y que cuando acudió a la policía en busca de ayuda, los agentes la insultaron y la amenazaron con ejecutarla. Finalmente huyó y regresó a Indonesia en enero del 2000. Amnistía Internacional no conoce ningún caso, de entre las numerosas denuncias de agresión o violencia en el hogar formuladas por trabajadoras domésticas extranjeras en el que la policía saudí haya iniciado una investigación adecuada. Esta inacción equivale a complicidad del Estado en los abusos contra las extranjeras. En algunos países que aplican interpretaciones de la ley islámica (Shari’a), las mujeres que pertenecen a grupos étnicos no musulmanes corren un gran riesgo de ser sometidas a juicios injustos y condenadas a castigos corporales por actos que considera «inmorales» el Estado, pero no su propia cultura o religión, como beber alcohol. Por ejemplo, el 13 de junio de 1999, agentes de seguridad y policías de orden público detuvieron en Jartum, Sudán, a 24 estudiantes nubios que asistían a una salida campestre 122 Informe elaborado para la Sección de Desarrollo de las Castas Clasificadas por la Constitución, del Ministerio de Bienestar Social del gobierno indio, por el Grupo de Investigación Acción Múltiple, 1995. AMNISTÍA INTERNACIONAL 110
anual organizada por la Asociación de Estudiantes Nubios y los llevaron al centro de detención de Moghran, en Jartum, donde permanecieron detenidos ocho horas. Varias mujeres denunciaron haber sido objeto de acoso y abusos sexuales por los agentes durante la detención. Al día siguiente, el grupo compareció ante un tribunal acusado de «cometer actos indecentes o inmorales y llevar un uniforme que irritaba los sentimientos de los ciudadanos». La acusación no alegó que la salida no estuviera autorizada, pero basó los cargos en el hecho de que las mujeres llevaban blusas, pantalones y camisetas (la vestimenta de la mujer está estrictamente definida en la ley) y que en la danza tradicional nuba que bailaron los estudiantes hombres y mujeres se tomaban de la mano. Los 24 estudiantes fueron declarados culpables y condenados a penas de entre 15 y 40 latigazos y al pago de una multa. Estos ejemplos ilustran cómo las mujeres que proceden de comunidades que padecen discriminación racial pueden resultar doblemente vulnerables a los abusos. Los gobiernos deben actuar con urgencia para adoptar medidas legislativas que protejan a estas mujeres de la gran diversidad de abusos que continúan padeciendo. EL RACISMO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 111 Karsini binti Sandi. ©AI
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