El racismo y la Administración de Justicia - Biblioteca Hegoa

lación o en el Tribunal Superior, y entre los jueces de distrito, los negros sólo constituyen
el 0,8 por ciento. 64
El racismo también está extendido en gran número de prisiones británicas, como
demuestra un informe confidencial del Departamento de Instituciones Penitenciarias.
Realizado en diciembre del 2000, tras la muerte en el Correccional de Menores y Centro
de Prisión Preventiva de Feltham de Zahid Mubarek, de 19 años, asesinado por un
compañero de celda racista y violento, el informe llegaba a la conclusión de que la prisión
era institucionalmente racista, y que el personal y los internos pertenecientes a minorías
étnicas soportaban insultos y acoso de índole abiertamente racista por parte de los
funcionarios. Según el informe, los funcionarios eran dos veces más proclives a usar
los medios de control y restricción contra los internos negros o asiáticos que contra los
blancos. El director general del Departamento de Instituciones Penitenciarias, Martin
Narey, declaró en enero del 2001: «Es algo más que racismo institucional, son focos
de racismo flagrante y malicioso». Tras la condena de Robert Stewart por el asesinato
de Zahid Mubarek en noviembre del 2000, el titular de Prisiones anunció que la Comisión
para la Igualdad Racial iba a investigar el racismo en tres prisiones: las de Feltham
(Inglaterra), Brixton (Inglaterra) y Parc (Gales del Sur).
En España, ha habido un número preocupante de denuncias de malos tratos policiales,
aparentemente con connotaciones raciales. 65 Un número creciente de casos denunciados
se refiere a malos tratos o presuntos malos tratos de personas de origen extranjero
detenidas en relación con controles de identidad. El 29 de enero del 2001, el Tribunal
Constitucional español resolvió que el color de la piel podía usarse como criterio
en los controles policiales de identidad, lo que suscitó inquietud ante el hecho de que
la práctica policial individual, que conllevaba una discriminación racial, se hubiera convertido
en doctrina constitucional.
Rosalind Williams es una mujer de raza negra de origen estadounidense que en 1992
llevaba 33 años viviendo en España y tenía la ciudadanía española. En diciembre de
ese año, estando de vacaciones, llegó, junto con su esposo y su hijo, a la estación de
ferrocarril de Valladolid. Al bajar del tren, un agente de la Policía Nacional se acercó
a Rosalind y le pidió la documentación, no así a su esposo y a su hijo, ambos de raza
blanca. Según los informes, al preguntarle el motivo de este trato discriminatorio, el
policía respondió que tenía orden de «identificar a personas como ella». Después la condujo
a una comisaría, donde se comprobó su identidad. Rosalind Williams y su familia
recurrieron al Tribunal Constitucional la resolución del Ministerio del Interior y la
posterior sentencia de la Audiencia Nacional, que declaraban que el agente no había
actuado indebidamente. El recurso se basó en el artículo 14 de la Constitución española,
que prohíbe la discriminación por motivo de raza.
Al tiempo que volvía a subrayar su repugnancia por la discriminación racial y étnica,
el Tribunal Constitucional español resolvió que los agentes de policía que intervienen
en la búsqueda de inmigrantes en situación ilegal tenían derecho a tener en cuen-
64 Datos del Institute of Race Relations, Reino Unido.
65 Concerns in Europe, January to June 2000, op. cit.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
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