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comportamientos y prácticas legales, se invierte la presunción de inocencia yse anula la tutela judicial efectiva.Finalmente, reitera la solicitud de que se desestimen las demandaspresentadas por el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, con condenaen costas de los demandantes.DECIMOSÉPTIMO.- Con fecha 15 de septiembre de 2008 se dictóprovidencia por la que se acordó declarar los autos conclusos, señalándoseel día 17 del mismo mes para deliberación y fallo, que consta notificada a laspartes.Es Ponente de esta resolución el Excmo. Sr. D. Enrique BacigalupoZapater quien expresa el parecer de la Sala.FUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO.- El art. 9.2 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos(6/2002) establece las acciones particulares que pueden determinar lailegalización de un partido político por vulnerar los principios democráticos. Elalcance de los tipos estructurales en el art. 9.2 ha sido interpretado endiversos precedentes de esta Sala iniciados con la STS de 27.3.2003 y por laSTC 6/2004, cuyas máximas generales también han de ser aplicadas alpresente caso.Como lo ha puesto de manifiesto dicha jurisprudencia, el art. 9 LO6/2002 contiene diversas disposiciones que definen los supuestos de hechoque generan la consecuencia jurídica de la ilegalización. En la STS de27.3.2003 se han expuesto también los rasgos básicos del contexto históricoy social de la interpretación en relación a los que debe ser definida la36
finalidad de la ley aplicable dentro del marco de los valores superiores delordenamiento jurídico establecidos en el art. 1º CE, subrayando que lajustificación de la violencia “no constituye en nuestro país una mera actitudteórica”. Esta consideración del contexto histórico y social estámetodológicamente legitimada, pues, desde esta perspectiva, tener encuenta la situación concreta de la aplicación de la ley resulta obligadacuando ello es requerido para precisar el alcance de conceptos generales yabstractos en relación a determinados hechos y a las finalidadesperseguidas por el Legislador. Pero, sobre todo, tiene apoyo legal en el art.3.1 Cód. Civil, que impone interpretar las normas “según el sentido propio desus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos ylegislativos y la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas”(ver STEDH de 30.1.1998, epígrafe 59, en el caso “Partido ComunistaUnificado de Turquía c/ Turquía”, entre otras, cuando señala que “El Tribunalestá dispuesto también a tener en cuenta las circunstancias que rodean elcaso sometido a su examen, en particular las dificultades unidas a la luchacontra el terrorismo”).La interpretación jurisprudencial de dicho artículo ha permitido, sobreestas bases, configurar teleológicamente los tipos jurídicos estructurales quedelimitan el alcance de las distintas modalidades de actuaciones de lospartidos políticos cuya consecuencia jurídica es la ilegalización por suactividad lesiva de los principios democráticos. Estos tipos estructurales noconfiguran sino líneas orientadoras de la valoración global que permiteestablecer la incompatibilidad de un partido con el sistema democráticoestablecido por la Constitución.La idea rectora, común de esos tipos estructurales contenidos en el art.9.2.a., c., y 9.3.f y g. LO 6/2002 es la interdicción de todo apoyo ycooperación, sean directos o indirectos con una organización terrorista.Particularmente significativo desde el punto de vista hermenéutico es el textoen el se describe el supuesto de hecho previsto como apartado c. del párrafo2 de dicho artículo, pues éste constituye el centro de gravedad de la37
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