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sana crítica impuestas por la ley procesal y en cada caso se podrácomprobar si las manifestaciones, en ese aspecto, son en concreto unadefensa del propio trabajo de los funcionarios y de sus propias ideas, comose sostiene en el escrito citado (pág. 15) o si, por el contrario, pueden seracogidas como pruebas de determinados hechos. Por lo pronto debemosseñalar que esta impugnación de carácter general, por no estar referida aconclusiones concretas, probablemente podría ser dirigida a cualquierprueba pericial, dado que en ellas los peritos deben tomar partido, con susfundamentos, por un determinado punto de vista.En segundo lugar no cabe desconocer el carácter pericial de la pruebaen la medida en la que, especialmente en lo referente a las relacioneseconómicas de los partidos implicados en la investigación, las conclusionesofrecidas por los informes policiales se basan en conocimientos técnicos yprácticos.Por otra parte, tampoco es posible admitir el cuestionamiento de laimparcialidad de los peritos que formula la Demandada, que entiende queéstos tendrían la pretensión “de sustituir a los jueces y tribunales en lainterpretación de la prueba” (pág. 15 del escrito citado). Es claro que laobjeción se basa en la suposición de una intención no demostrada. Pero, entodo caso, cualquiera sea el propósito atribuible a los peritos, en la medidaen la que la valoración de la prueba compete exclusivamente al Tribunal y sebasa en la aplicación por éste de criterios y reglas de ponderación de laprueba establecidos legalmente, la imparcialidad de los testigos-peritos no seve comprometida por la opiniones que sostengan.La Demandada ha tachado a continuación y anticipadamente a lostestigos-peritos basándose en que en otros procesos éstos han mantenido la“tesis policial de la comunión ideológica y de acción entre organizaciones dediferente índole, a todas las cuales se las identifica con una organizaciónarmada”. Las tachas se fundamentan en el art. 343.3 y 2 respectivamenteLECiv, es decir en “haber estado [los peritos] en situación de dependencia o52
comunidad o contraposición de intereses con algunas de las parte” y en“tener [los peritos] interés directo o indirecto en el asunto o en otrosemejante”. En la misma línea ha sostenido la Demandada en el escrito deconclusiones que “las declaraciones de estos policías y guardias civiles sedeben valorar como [pertenecientes] a personas singularmente interesadasen que prospere su propia tesis que es la base de las demandas deilegalización”.La Sala entiende que, de conformidad a lo establecido en el art. 344LECiv, el supuesto del Nº 3 del art. 343 de la misma ley no es aplicable alcaso. En efecto, no cabe apreciar dependencia cuando se trata de personasque ejercen funciones públicas sometidas a las exigencias del principio delegalidad y, en general, no están sometidas a un deber de obedienciarespecto de los resultados que arrojen sus análisis que les impediría larevisión de órdenes antijurídicas de sus superiores, como es el caso,evidentemente, de los funcionarios que han declarado como testigos-peritosen esta causa. En estas condiciones, no cuestionadas en tanto tales por laDemandada, es claro que no existe ninguna “contraposición de intereses”con las partes, toda vez que a éstas se les garantiza como legítimaexpectativa la actuación de los funcionarios conforme a la ley. Lasimpugnaciones no han cuestionado en modo alguno este aspecto.Tampoco es de estimar la tacha basada en Nº 2 del art. 343 LECiv.,toda vez que la prueba pericial, por su propia naturaleza, presupone laaplicación de criterios estables de una ciencia, de una técnica o de unapráctica que resultan, por esa misma razón, aplicables a un númeroindeterminado de casos.Con carácter general debemos señalar asimismo que estasconclusiones, referentes a las impugnaciones de la Demandada basadas art.343 LECiv, no se ven en absoluto afectadas por las normas contenidas enlas Instrucciones Nº 7/1997 y 9/1991 de la Secretaría de Estado para laSeguridad, incorporadas a la causa como prueba de la parte Demandada, ni53
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