Sala Art - AELPA - Asociación Española de Letrados de Parlamentos

Desde este punto de vista no es preciso abundar en argumentos sobrela necesidad de una sociedad democrática de prevenir el terrorismo. Es claroque ésta es la finalidad perseguida por la LO 6/2002. La citada STC 48/2003indicó, además, en relación a la necesidad de la consecuencia jurídica que“frente a ese peligro no parece que pueda aplicarse otra sanción reparadoradel orden jurídico perturbado que la disolución” [del partido político] (Fº Jº12). La afirmación de la Demandada concerniente al carácter innecesario enuna sociedad democrática de las medidas de esta naturaleza (escrito decontestación de las demandas, p. 63), tampoco es compartidas en modoalguno por el TEDH, puesto que éste en sus decisiones siempre hacomprobado la necesidad de la medida desde la perspectiva de unasociedad democrática, tal como, por lo demás, exige el texto mismo delCEDH (ver entre otras la STEDH de 7.6.2007, Nº 71252/2001).Desde el punto de vista formal, las injerencias legalmente previstas enlos derechos afectados tampoco afectan a la previsibilidad de lasconsecuencias jurídicas previstas en la LO 6/2002 y el texto legal deja clarasu significación para cualquier ciudadano lego en derecho de que lospartidos políticos pueden ser ilegalizados cuando apoyen, cooperen, etc. conorganizaciones terroristas. No se percibe, en este sentido, que exista lamenor dificultad para acceder al conocimiento del sentido propio del texto dela ley.TERCERO.- La Parte demandada ha opuesto también diversascuestiones alegadas con las características propias de las excepcionesprocesales.La primera de ellas está apoyada en los arts. 13, 14 y 16 delReglamento del Parlamento vasco en relación con el art. 26-6 del Estatuto deAutonomía del País Vasco. Sostiene la Demandada en este sentido que laspretensiones del Fiscal y del Abogado del Estado se refierenfundamentalmente a hechos constitutivos de la actividad parlamentaria del42