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por el Manual de Normas de procedimiento de la Comisaría Gral. de PolicíaCientífica, citado por la misma. Dichas instrucciones contienen normasgenerales referentes a los atestados que la representación del Partidodemandado parece estimar aplicables a los informes policiales que impugna,lo que conduciría, a su juicio, a la aplicación a los mismos del art. 297 LECr.y a su reducción, por tanto, a relaciones de hechos que deben ser probadospor medio de otros elementos de prueba.Sin embargo, la pretensión de aplicar el art. 297 LECr en el ámbito delproceso civil, que regula el presente proceso, choca con las conclusiones denuestra jurisprudencia y con el derecho vigente. En nuestros precedentes(STS de 27.3.2003) esta Sala ha entendido que los informes de la PolicíaNacional y de la Guardia Civil son medios probatorios regidos por los arts.299.1.4º y 370.4 LECiv., que consecuentemente, como hemos sostenidomás arriba, deben ser valorados según las reglas de la sana crítica.La Demandada sostiene asimismo como cuestión previa que losDemandantes “presentan hechos, y entre ellos se analizan resolucionesjudiciales”, que, a su entender, “no pueden ser consideradas como hechosde la demanda”. En concreto se refiere a la afirmación relacionada con “unaestrategia de ETA, en relación a hechos diferentes, que nada tienen que ver–dice- con lo que aquí nos ocupa”, pues se referirían a unas elecciones demayo de 2003, en las que el PCTV no intervino, y a las eleccionesautonómicas de 2005 a las que el Partido concurrió, sin que sus listas hayansido impugnadas. La cuestión carece del carácter de previa que le asignanlos Demandados. No se trata, por lo tanto, de un punto sobre el que seanecesaria una decisión a priori, sino de un punto que, en todo caso, seráconsiderado, si es pertinente hacerlo, en la fase de valoración de la prueba yde la subsunción.SEXTO.- Como hemos sostenido en el Fº Dº primero, el elementocomún de las acciones que constituyen los tipos estructurales del art. 9. 2. c.y 9. 3. a., f. y g. LO 6/2002 es el apoyo de los fines y las acciones de una54
organización terrorista en forma directa o indirecta. Es claro que un partidopolítico que apoya de alguna manera al terrorismo vulnera los principiosdemocráticos y consecuentemente incurre en las previsiones del art. 9.2. LO6/2002. Por apoyo se entiende toda forma de cooperación que facilite, enforma directa a la organización armada o indirectamente a susorganizaciones políticas instrumentales, la actuación violenta o política, delegitimación o de proselitismo del terrorismo. Consecuentemente en elpresente caso, de acuerdo con el objeto procesal configurado por losostenido en las demandas y las contestaciones de los demandados a lasmismas, se trata de establecer la relevancia jurídica de las relaciones y delas actividades del partido demandado con el partido instrumental(ilegalizado) de la organización terrorista ETA en relación al art. 9.2.LO6/2002.Las relaciones existentes entre ETA y Batasuna ya han sidoestablecidas en la STS de 27.3.2003, en la que se decidió que Batasunadebía ser ilegalizado como partido político por incurrir en diversos supuestosde hecho previstos en el art. 9.3. LO 6/2002 en relación con el art. 9. 2. a. y cde la misma ley, es decir, por “vulnerar sistemáticamente las libertades yderechos fundamentales” y por “complementar y apoyar políticamente laacción de organizaciones terroristas”. La Sala estimó en dicho precedenteque “las conductas [del Partido Batasuna] que (...) han sido objeto deexamen, tanto aisladas como en su conjunto tienen entidad suficiente paraser incardinadas en el art. 9 de la LOPP”, aplicando al caso los supuestosde hecho previstos en dicho artículo, apartados 1., 2, 2.a., 2.b., 2.c. y 3 dedicha ley.En esa sentencia se estableció, además, que el factor decisivo, a losefectos de la subsunción bajo las previsiones legales de la LO 6/2002, no esla forma jurídica de la organización, sino el sentido real de la conductapolítica de la misma. Por lo tanto, se dijo, las conductas imputadas aBatasuna “analizadas separadamente probablemente llevarían a declararque están realizadas en el puro marco de la libertad de expresión y el55
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