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sus candidaturas por nuestra sentencia de 20.3.2005, implicaba reemplazarfuncionalmente a la agrupación electoral ilegalizada.En todo caso, tampoco en esta oportunidad consta que el partidodemandado haya hecho una manifestación de rechazo de los mediosviolentos en la vida política. Al contrario: en la prueba ofrecida por laDemandada se encuentra la edición del Correo de 4 de abril de 2003 en laque se sostiene que “La nueva lista [se refiere a EHAK] rechaza todaviolencia, pero no condena expresamente a ETA”. También se desconoceque este titular del periódico haya sido desmentido.La consigna basada en una defensa de la paz y la democracia, a laque se han referido algunos testigos, miembros incluso de la dirección delpartido demandado, tampoco comporta una toma de distancia respecto deBatasuna. En el contexto en el que se la formula, es una consignaclaramente ambigua y tampoco constituye un rechazo del terrorismo. Enefecto, la cuestión relevante, a los efectos del art. 9 de la LO 6/2002, no es sise quiere la paz y la democracia como fines últimos de una acción política,sino con qué medios se quiere llegar a ellas. No se trata, por lo tanto, del fin,sino de los medios. Pero, dejando esto de lado, es de señalar que laconsigna de la paz y la democracia aparece también en la Declaración de laMesa Nacional de Batasuna de 30 de junio de 2006 en el apartado titulado“Llamamiento a los Agentes de Euskal Herria” (ver: Documento Nº 4 delAnexo 2 del Informe de 7.2.2008) donde ha expresado, sin condenar elterrorismo de ETA como forma de acción política, su propósito de llegar a lapaz y de lograr un avance del proceso democrático.Una consideración aparte merece la adhesión del PCTV/EHAK a lapolítica de rechazo del tren de alta velocidad (TAV), que los demandanteshan alegado en este contexto. Es cierto que en ese punto el partidodemandado coincide con consignas de ETA. Pero, la Sala no estima que esasola coincidencia puntual sea decisiva, pues otras formaciones políticas noilegalizadas, como Ezker Batua, también defendieron ese punto de vista, que78
por lo demás no implica necesariamente una oposición por medios violentos.Lo que realmente demuestra la equivalencia funcional del discurso de laDemandada con el de Batasuna y ETA es el voto de su Grupo Parlamentarioen la sesión de 27.12.07 en contra de la moción de solidaridad delParlamento con las empresas que sufrieron ataques por su actuación en lasobras del TAV. Implícitamente ese rechazo de la mencionada moción revelade manera concluyente una coincidencia con el empleo de la violencia parala defensa de una consigna política.En consecuencia, estas consignas del PCTV/EHAK no pueden serconsideradas un distanciamiento del discurso de Batasuna, dado que, sinperjuicio de coincidir con éste en lo terminológico, en ningún caso expresanuna clara condena del terrorismo como medio de alcanzar fines políticos.Esta conclusión es consecuencia, reiteramos, también de que el partidoDemandado reconoció en múltiples ruedas de prensa (ver tomo VIII de ladocumentación de los Demandados) haber asumido, sin ningún límite, elpapel de Aukera Guztiak, que en su momento fue ilegalizada por el mismomotivo (ver STS de 26.3.2005, Fº de Dº sexto.).La Sala viene sosteniendo desde su STS de 27.3.2003, con remisióna la del TC 5/2004 (FJ 18) y a la del TEDH de 13.2.2003 y en el contexto desu rechazo de la tesis de que la LO 6/2002 impone una “democraciamilitante” incompatible con el pluralismo garantizado por la Constitución, que,en principio, ningún partido está obligado a declarar su distanciamiento delas consignas de otro partido ilegalizado. Sin embargo, en determinadascircunstancias, particularmente cuando se da cabida en posicionesrelevantes, aunque sean estatutariamente informales, a miembros de unpartido ilegalizado que mantienen y, en algunos casos son responsables deellas, las consignas que dieron lugar a su ilegalización, el silencio al respectopuede ser considerado a los efectos de la prueba del apoyo interdicto por laley 6/2002. En suma: los propios hechos que generan, por lo menos,ambigüedades manifiestas del contenido del discurso político requieren,según las sentencias de los tribunales antes citados, una aclaración en lo79
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