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derecho que todo ciudadano tiene, en un contexto de amplio pluralismo,incluso a errar en sus percepciones políticas, sin embargo, cuando sonejecución de una estrategia marcada desde el terrorismo se convierten enuna manifestación más de aquel reparto consciente de tareas con él” (Fº DºCuarto. II).En el escrito de conclusiones la Demandada sostiene diversasconsideraciones relativas a los criterios de ponderación de las pruebas, quedeben ser empleados por este Tribunal para establecer los hechoseventualmente subsumibles bajo los supuestos de hecho del artículo 9 LO6/02. Alega en este sentido que ninguno de los hechos que sostienen losDemandantes “para pedir la ilegalización del partido demandado, tienensoporte en prueba directa” (p.40) y concluye sosteniendo que las inferenciasno pueden ser arbitrarias, que los indicios deben ser plurales y que suconexión debe responder a las reglas de la lógica y de la experiencia (p.43).Es evidente que estas consideraciones generales sobre la ponderación delas pruebas son conocidas y aplicadas por esta Sala, por lo que nada tiene elTribunal que agregar al respecto. Asimismo en dicho escrito (p.50 y ss.) sehacen diversas interpretaciones sobre el significado jurídico de los hechos,especialmente sobre el origen del partido EHAK/PCTV, sobre el “paulatinoacercamiento de EHAK Y Batasuna” (p.56 y ss.), sobre la “subordinación deEHAK a Batasuna y a ETA”, “a la actividad parlamentaria” (p.60 y ss.), “alTAV” (p.64 yss.), “a la financiación o aportación económica de EHAK aBatasuna o a ETA (p. 72 y ss.), “la caja única de EHAK, Batasuna y ANV”(p.79 y ss.), “el uso de locales de EHAK por parte de Batasuna (p. 85 yss.),“los trabajadores contratados por EHAK” (p. 91 y ss.), a “las transferenciascomo fuentes de financiación” (p. 98 y ss.), a las que haremos referenciaenseguida.La Sala estima que la prueba producida permite señalar diversosgrupos de actuaciones del partido demandado que requieren unaconsideración particularizada desde la perspectiva del art. 9.2. LO.6/2002.56
SEPTIMO.- Un primer grupo de acciones imputadas al PCTV consisteen proporcionar medios infraestructurales a un partido ilegalizado paramantener reuniones necesarias para la continuidad de su actuación. En estesentido debe ser considerada la facilitación del local del polígono Belartza,en la localidad de Usurbil, calle Guruztegi Nº 12, alquilado por el partidoEHAK/ PCTV. La prueba aportada por los Demandantes demuestra que, almenos, a partir del 17.11.2007 y en particular los días 19.11.07, 27.11.07,7.1.08 se celebraron en la sede del PCTV reuniones de miembros de laMesa Nacional de Batasuna y que a partir del mes de octubre (31.10.07) seinterceptaron legalmente comunicaciones telefónicas (22.11.07; 4.12.07;10.12.07; 12.12.07; ver Anexo 03 del Informe se 7.2.08) que revelan el usode las instalaciones del PCTV por dirigentes de Batasuna.La parte Demandada admite que en ese lugar el partido o su grupoparlamentario resultante de las elecciones de 2005 alquilaban los locales 1 y14, pero ha negado que el local Nº 18 estuviera alquilado por EHAK/PCTV,sosteniendo que ello se acredita con el documento Nº 9 que contiene lascopias de los contratos de arrendamiento de los locales Nº 14, de 19 deseptiembre de 2005, y Nº 18, de 23 de junio de 2006, ambos en la calleGurutzegi, 12, de San Sebastián.Los documentos citados, en consecuencia, no contradicen larealización de las reuniones que fueron detectadas entre noviembre de 2007y enero de 2008, reseñadas en el Informe Policial de 7.2.2008, basadas en laobservación por los funcionarios de Policía de las actividades dedeterminadas personas. Los contratos de arrendamiento permiten, por elcontrario, confirmar que esas reuniones pudieron haber tenido efectivamentelugar en ese tiempo y en ese lugar, dado que los citados contratos estabanentonces vigentes y los demandados tenían la posibilidad de facilitar loslocales. Para el caso es indiferente que tales reuniones se hayan celebradoen el local Nº 12 o en el local Nº 18.57
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